A través de la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia, el Gobierno de Guatemala se pronunció por la reciente sentencia emitida por un juzgado a la exdiputada y exdirectora del Instituto de la Víctima, Ligia Hernández.
Al respecto, indicó que continúan respaldándola y entienden la difícil decisión que tomó, presionada por un caso “injustificado”, de “mera persecución política”, lo cual consideran intolerable, y que es producto de la “minoría corrupta”.
“Nadie en Guatemala debería aceptar cargos sólo por evitar situaciones tortuosas y una prisión preventiva totalmente injusta”, señala la entidad gubernamental.
Analizan futuras acciones legales
De la misma manera, la secretaría destaca que están estudiando futuras acciones legales con el objetivo de frenar prácticas inhumanas de persecución política como las que vivió Hernández, a quien desean una pronta recuperación.
Acepta cargos
Hernández recobró su libertad tras someterse a un procedimiento de aceptación de cargos, por lo que se declaró culpable de los delitos por los que era señalada por la FECI en el caso Corrupción Semilla. De esa cuenta se le dictó una sentencia de 2 años y una multa por Q20,000, pero con este procedimiento se redujo a 50%.
En un comunicado que emitió ayer, Hernández indicó que la decisión la tomó por amor, para proteger lo que más le importa que es su vida y la de sus hijos, así como de su compromiso de servicio público.