El Gobernador de San Luis Potosí, Juan Manuel Carreras, se reunió con Alejandro Leal Tovías, secretario del Gobierno Mexicano, y representantes de la cancillería guatemalteca, para hablar sobre trato digno y humanitario hacia los niños que cruzan las fronteras de manera ilegal junto con sus padres.
En un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala explica el grave problema que enfrentan los Gobiernos por las niñas, niños, adolescentes y adultos que se exponen a cruzar las fronteras de manera ilegal por medio de las migraciones irregulares que han tenido registro desde el año 2018.
El primer acuerdo de esta reunión es el rotundo rechazo y condena de las personas adultas que exponen la integridad física, mental y emocional de los menores de edad en las caravanas, porque ya han tenido evidencias del sufrimiento que viven los menores durante la travesía. Algunos casos grabados en videos han sido impactantes, porque los niños atraviesan muros, pasan alambres de púas, pasan bajo ríos, y caminan miles de kilómetros por acompañar a sus padres.
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En el informe se expresa lo siguiente:
Los Gobiernos hacemos un fuerte llamado a los padres de familia para evitar exponer a sus hijos en el trayecto, obligándolos o dando su consentimiento para que sean víctimas de los delitos asociados a la migración irregular. La migración no garantiza su permanencia en países de tránsito o destino, por el contrario están sujetos a la deportación a sus países de origen.
La advertencia clara, la afirman los representantes de los gobiernos centroamericanos en San Luis Potosí: “ante la numerosa salida de niñas y adolescentes, se solicitará a las autoridades judiciales competentes una investigación y condena para aquellas organizaciones delictivas que se dedican al tráfico ilícito de migrantes y trata de personas para comenzar con una judicialización de los casos”.
La conclusión de esta reunión fue enfática porque sancionarán con todo el peso de la ley a los migrantes que expongan la vida de los niños y niñas por medio de la creación de y fortalecimiento de la legislación que combata estos hechos delictivos de tráfico de personas.