Guatemala y sindicatos acuerdan declaración para resolver denuncia sobre derechos sindicales
Director de la OIT se reunió este día con una delegación de alto nivel del gobierno y altos representantes del poder judicial.
La Organización Internacional del Trabajo, (ILO por sus siglas en inglés), destacó en su cuenta oficial que hoy “se logró un paso significativo hacia adelante para los derechos sindicales en Guatemala”, debido a que después de años de diálogo, el Gobierno de Guatemala y los sindicatos acordaron una declaración conjunta para avanzar en la resolución de una larga denuncia sobre derechos sindicales.
Según indica la entidad, se logró una posición en común ante el Órgano de Gobierno de dicha organización, lo cual permitió una primera reunión con este objetivo.
“Hoy, el director de la ILO, Oliver Röpke, se reunió con una delegación de alto nivel del gobierno guatemalteco, que incluía a la viceministra de Trabajo Damarys Nohemí Oliva García, al Primer Viceministro de Seguridad Estuardo Roberto Solorzano Elías y a altos representantes del poder judicial, para discutir este progreso y los próximos pasos hacia la implementación”, señaló la entidad.
Agregó que la Oficina de Actividades para los Trabajadores ACTRAV sigue comprometido con el apoyo al diálogo social, la libertad de asociación y los derechos fundamentales en el trabajo.
La denuncia sobre derechos sindicales sobre Guatemala
La larga denuncia que enfrenta al Estado de Guatemala con el movimiento sindical se tramitó ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) por “el incumplimiento sistemático de los Convenios 87 y 98 sobre libertad sindical y negociación colectiva”.
Este proceso lleva más de una década activo bajo el artículo 26 de la Constitución de la OIT y mantiene al país bajo la amenaza de una Comisión de Encuesta, el mecanismo de investigación de más alto nivel de este organismo.
El Ejecutivo busca la resolución de este conflicto por la vía diplomática, a través del Ministerio de Trabajo, y bajo la línea de apertura al diálogo, esto para lograr cerrar el expediente en Ginebra, pero persisten fricciones con algunos sindicatos como el STEG que señala una presunta injerencia gubernamental en la negociación colectiva.