Jesús J. es un guatemalteco que en este mes de octubre cumplirá 53 años de edad y deberá recordar esta fecha en una prisión del Estado de la Florida, Estados Unidos, donde cumple condena de cadena perpetua, después que fue declarado culpable por los tribunales de Justicia, por cometer el delito de agresión sexual.
En el Estado de la Florida, donde el pasado domingo entró en vigencia la pena de muerte para aquellas personas que sean encontradas culpables del delito de abuso sexual contra menores de 12 años de edad, están detenidos cuatrocientos nueve guatemaltecos, de los cuales 26 fueron sentenciados a la máxima pena, es decir cárcel de por vida.
De estos cuatrocientos nueve (409), doscientos noventa y cuatro (294) están detenidos por cometer delitos sexuales; doscientos noventa y tres hombres y una mujer.
Ciento veintidós (122) guardan prisión por haber cometido cualquier acto sexual con un niño de 12 años de edad o más, pero menor de 18, que se explica como delito sexual con menores.
Noventa y ocho (98) están encarcelados por agresión sexual que describe a un delito de violación o asalto sexual. Y setenta y cuatro (74) por comportamiento lascivo que se define como actos sexuales o contacto con cualquier persona menor de 16 años. Además de la sentencia de cárcel estas personas se incluyen en registros públicos de agresores sexuales.
Próximas condenas
Las próximas condenas serán ya bajo la ley HB 1297 que permitirá la aplicación de la pena capital a condenados por agresiones sexuales a niños menores de 12 años.
Un de los datos que más alarma genera entre los profesionales del derecho es que el ochenta y uno por ciento de los condenados en el Estado de la Florida proceden de comunidades del interior de Guatemala, como por ejemplo de los departamentos de Huehuetenango, Totonicapán, Quiché y San Marcos.
Explican que esto puede ser producto de un conflicto que genera el reconocimiento de prácticas culturales y sistemas jurídicos paralelos que no enfrentan con la ley. Estos actos afectan a los menores de edad y mujeres.
La sociedad guatemalteca mantiene una actitud permisiva ante el lamentable fenómeno social de abuso de menores, en su mayoría mujeres, quienes son víctimas de acciones que dañan y marcan su integridad física, emocional y psicológica por el resto de sus vidas.
Reformas
El Estado de Florida viene persiguiendo penalmente estas prácticas realizadas por comunidades de migrantes guatemaltecos que desconocen el sistema jurídico estatal y así enfrentan procesos que llevan a condenas en las cifras referidas antes.
La entrada en vigor de las reformas a la ley HB 1297, complicará la realidad de migrantes guatemaltecos que al persistir en estas prácticas se expondrán a la pena capital que el Estado de Florida seguramente buscará bajo el liderazgo conservador del Gobernador Ron DeSantis, en la búsqueda de su nominación presidencial por el partido Republicano.
Protección
Guatemala penaliza estas prácticas con sanciones menos severas, aun cuando el Congreso ha dado pasos importantes en cuanto a la aprobación de normas que tienden a proteger a niños, niñas y adolescentes. A título de ejemplo, el Decreto 13-2017 que contiene reformas al Código Civil Decreto Ley Número 106, relativas a la prohibición de contraer matrimonio para las personas menores de 18 años. De esta forma se protege a niños, niñas y adolescentes de daño emocional.
Tanto Guatemala como el Estado de Florida protegen la indemnidad sexual de los menores de edad y las prácticas y costumbres ancestrales no eximen a la responsabilidad penal de los actos delictivos cometidos, especialmente contra los niños.
