En octubre del 2021 la juez de mayor riesgo, Claudette Domínguez, acepto la petición del Ministerio Público (MP) que varias personas quedaran en prisión preventiva y fueran investigadas por cinco delitos penales, debido a que realizaron cobros ilegales en la sede del Instituto de Migración en Chiquimula.
Una investigación estableció que los sospechosos integraron una organización criminal que obtuvo beneficios económicos por medio de la venta ilegal de sellos, cartillas y pasaportes.
En el Juzgado A de mayor riesgo los abogados defensores pidieron que modificara la prisión preventiva por una medida sustitutiva para sus patrocinados, indicando que no hay peligro de fuga; además que ya finalizo el plazo otorgado al ente investigador para realizar la pesquisa, y sus representados presentan quebrantos de salud.
La juzgadora analizó las peticiones de los abogados defensores y el pronunciamiento de la fiscal a cargo del proceso y resolvió otorgarle medida sustitutiva a dos procesados, a cada uno se le impuso una fianza económica de 50 mil quetzales.
Al resto de acusados se les negó una libertad condicional, deben continuar en prisión preventiva. En este caso llamado Migración Chiquimula está pendiente discutir la investigación final de la fiscalía y resolver si los procesados podrían enfrentar un juicio ante un tribunal de sentencia penal.