Costa Rica, el país centroamericano que se ha diferenciado por muchos años de sus países hermanos del istmo, busca soluciones, ante un aumento sorprendente de la violencia.
En los últimos tiempos, el país ha tenido un fuerte incremento en las tasas de homicidios y robos, lo que ha llevado a su Gobierno a mirar a El Salvador y poner como punto de referencia las políticas de seguridad que implementó el presidente Nayib Bukele y que le están funcionando.
En un esfuerzo por reducir una tasa de homicidios que se ha disparado en un 40 % sólo en el último año, el presidente costarricense Rodrigo Chaves impulsa una nueva y dura legislación para combatir el crimen, calificando a El Salvador como un punto de “referencia”.
Las ideas de Chaves incluyen aumentar las penas de cárcel para menores hasta el máximo de 50 años usado para adultos, permitir extradiciones de nacionales y ampliar el uso de la detención preventiva, facilitando la detención de sospechosos con pruebas limitadas.
Medidas cuestionadas por activistas, pero aplaudidas en El Salvador
La suspensión de derechos constitucionales por parte de Bukele, que entre otras cosas permite a la policía detener indefinidamente a presuntos pandilleros sin derecho a un abogado, ha provocado una fuerte condena por parte de activistas de derechos humanos.
Pero un impacto significativo en el crimen y es popular en el país, lo que coloca a Bukele cerca de una reelección histórica el próximo mes; además que se ha convertido en un faro para los políticos regionales que luchan contra las pandillas, desde Chile hasta Ecuador.
Si bien Chaves insiste en que no quiere ser exactamente como Bukele, su plan sigue siendo un cambio radical para Costa Rica, que tradicionalmente ha adoptado un enfoque más amable en la prevención del delito.
Muchos en el Congreso, controlado por la oposición, todavía se aferran públicamente a ese enfoque, pero incluso allí, crecen los rumores de apoyo a políticas más duras, alimentados por temores por el sector turístico del país, valorado en 2.000 millones de dólares.
Cifras que alarman
Costa Rica vio su tasa de homicidios aumentar a 17,2 por cada 100.000 personas en 2023 desde 11,7 en 2018. Por el contrario, en El Salvador, la tasa se desplomó a 2,4 después de ser la más alta del mundo menos de una década antes.
Bukele fue elegido líder político favorito de los costarricenses en una encuesta realizada en octubre por la firma de investigación Indice. Mientras tanto, los índices de popularidad de Chaves en las encuestas se han desplomado casi 30 puntos porcentuales desde su elección en mayo de 2022.
Buscan endurecer medidas
Analistas dicen que el aumento de los homicidios en Costa Rica ha sido impulsado por la guerra de pandillas entre los traficantes de cocaína. El reclutamiento por parte de pandillas se vio favorecido por el creciente descontento social y el desempleo durante la pandemia de COVID-19.
Las fricciones políticas con los vecinos Nicaragua y Honduras también han obstaculizado la cooperación en materia de seguridad regional, lo que según analistas ha incidido en una fuerte caída en las incautaciones de cocaína en Costa Rica.
El trato tradicionalmente ligero de Costa Rica hacia los sospechosos -a quienes a menudo simplemente se les dan precauciones en lugar de arrestarlos- también ha alimentado el problema, según Jorge Torres, jefe de seguridad de Chaves.
“¿Cómo puede ser que a un joven fuerte de 17 años que mató a un ciudadano con un AK47 se le trate como a un niño de ocho años que se robó unos confites en una pulpería?”, dijo Chaves en octubre, argumentando que los grupos criminales reclutan a menores precisamente porque a menudo salen impunes.
Apoyo en el Congreso
Por ahora, el proyecto de ley “mano dura” de Chaves está estancado en el Congreso, y algunos críticos de la oposición califican su discurso de choque como anticostarricense y autoritario.
Chaves necesita el respaldo de al menos 29 de 57 legisladores para la mayoría de las propuestas, y su partido actualmente sólo tiene nueve escaños. Pero anteriormente pudo aprobar leyes con el apoyo de otras facciones conservadoras.
El otro desafío es que Costa Rica está menos acostumbrada a perseguir narcos que sus vecinos, ya que abolió su Ejército hace más de 70 años para priorizar políticas de bienestar progresistas.
Los defensores del enfoque de priorizar el bienestar dicen que históricamente eso ayudó a proteger a Costa Rica de la violencia que prevaleció durante mucho tiempo en gran parte de Centroamérica, y que un mayor gasto en bienestar podría hacerlo nuevamente.
Con información de la Voz de América