Alrededor de 300 policías fueron desplegados a las afueras del Congreso de Perú, en Lima, luego de que el presidente Martín Vizcarra disolviera el parlamento y convocó a elecciones para renovar el Congreso. En respuesta, los legisladores nombraran a Mercedes Aráoz como presidenta interina.
La medida busca impedir el ingreso al Parlamento de excongresistas que no integren la Comisión Permanente, ya que de acuerdo a la Constitución, sólo los legisladores que formen parte de dicha comisión pueden ingresar a la sede del Congreso.
El despliegue se dio luego de que la noche anterior, un grupo de manifestantes se enfrentó a la policía en los alrededores del Congreso de Perú.
Los jefes de las Fuerzas Armadas, además del jefe del Comando Conjunto y de la Policía, manifestaron su lealtad al presidente Vizcarra, a quien llamaron “jefe supremo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú”.
En contraparte, los legisladores opositores a Vizcarra desconocieron al mandatario en la mayor crisis política de Perú en las últimas dos décadas.
En tanto, la Iglesia, a través del presidente de la Conferencia Episcopal, Héctor Miguel Cabrejos, hizo un llamado a la no violencia en medio de la crisis, mientras que la organización empresarial peruana, la Confiep, expresó su “enérgico rechazo a la violación de la Constitución y al sistema democrático que ha perpetrado el Presidente de la República, Martín Vizcarra, con un argumento inconstitucional”.
Vizcarra convocó a elecciones legislativas para el 26 de enero próximo, ante lo cual, el nuevo Congreso sesionaría hasta julio del 2021, de acuerdo con el periodo constitucional del Parlamento disuelto.
El conflicto se detonó luego de que el Congreso negara al presidente Vizcarra una una cuestión de confianza para realizar cambios en un cuestionado proceso de selección de candidatos del Tribunal Constitucional de Perú.