La Unión Europea aseguró este jueves que la decisión de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) de solicitar de retirado de inmunidad del presidente, Bernardo Arévalo por un supuesto caso de corrupción se enmarca en un patrón de investigaciones “políticamente motivadas”.
“La UE ha expresado en repetidas ocasiones su preocupación por el uso indebido y la instrumentalización del sistema judicial, en particular a raíz de las elecciones de 2023 y de los esfuerzos en curso por anular la voluntad del pueblo guatemalteco”, dijo en un comunicado un portavoz del Servicio Europeo.
El supuesto caso de corrupción fue anunciado por el fiscal Rafael Curruchiche y el secretario general del Ministerio Público, Ángel Pineda, ambos sancionados por Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea bajo graves señalamientos de corrupción y de querer modificar los resultados electorales de 2023.
El origen es el despido en mayo pasado de la ministra de Comunicaciones de aquel momento, Jazmín de la Vega, a quien Arévalo la destituyó después de que emitiera pagos a empresas constructoras sin su autorización o utilización de una lista que el mismo mandatario entregó, algo que la fiscalía considera ilegal.
Curruchiche, Pineda y la fiscal general, Consuelo Porras Argueta, emprendieron en 2023, tras el triunfo electoral de Arévalo de León, una persecución judicial en contra del ahora gobernante, que denunció en septiembre de ese mismo año un “golpe de Estado” en su contra para evitar que tomara posesión en enero de 2024.
La persecución judicial en contra del Movimiento Semilla y Arévalo de León, con varios casos judiciales en su contra, llegó después de que, el actual Presidente, ganara las elecciones presidenciales en 2023 con un discurso anticorrupción.
