El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, pasó de ser asiduo defensor de las redes sociales a detractor. Son “multiplicadores del odio y el fascismo”, lanzó el gobernante, que acusa a la oposición de usarlas para “campañas de odio” entre denuncias de fraude en su reelección.
En un país donde la libertad de prensa está restringida, Maduro ordenó suspender a X por 10 días: el plazo finalizó el domingo, pero esa red social sigue siendo inaccesible sin un VPN. El mandatario promueve además un boicot contra la plataforma de mensajería WhatsApp y acusa a Instagram y Tik Tok de atacarlo.
“¡Fuera Elon Musk y fuera X de América Latina!”, lanzó el lunes el presidente, que tiene meses cruzando críticas con el multimillonario propietario de esa red social.
Maduro busca ahora contener la protesta contra su reelección, con gritos de fraude desde la oposición que se viralizaron con rapidez.
Tras la aprobación la semana pasada de una ley para fiscalizar oenegés, ampliamente criticada por defensores de derechos humanos, el gobernante chavismo prometió una ley de redes sociales en los próximos días.
“Se trata de una escalada en el sistema de censura”, dijo Giulio Cellini, director de la consultora política Log Consultancy. “El gobierno identifica las redes sociales como el mecanismo a través del cual la gente logra informarse”.
La cuestionada reelección de Maduro el 28 de julio desató protestas con saldo de 25 muertos, casi 200 heridos y más de 2.000 detenidos. Activistas denuncian arrestos por publicaciones en redes.
“En Venezuela existe un toque de queda en internet”, subraya Marco Ruiz, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP). “Hay cientos de venezolanos que están siendo perseguidos por sus expresiones en las distintas redes sociales y decenas de ellos han sido detenidos”.
Una legislación “presumiblemente”, alerta Ruiz, “aumentaría la persecución, la estigmatización y la judicialización” de voces disidentes.
Maduro acusa a sus adversarios de promover violencia a través de las redes, pero Carlos Correa, director de la ONG Espacio Público, sostiene que en realidad intenta cerrar “válvulas de escape con las que la gente trata de conseguir información” en un ecosistema mediático pequeño y silenciado.
