Al finalizar la jornada de este miércoles, la Misión de mediación que designó el Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro mostró su preocupación por un clima de “crispación” y tensión que se vive en Guatemala ante los últimos acontecimientos.
“Un clima de crispación y reproches se adueña de la situación política del país. Mientras la tensión social fue cediendo en los últimos días con la flexibilización de los cortes de carreteras, como contrapartida, se radicaliza la posición de algunos órganos del Estado que han llegado incluso a acusar judicialmente a un Ministro por mantener una actitud pacífica y prudente”, indicó la Misión.
Esta Misión, en cumplimiento del objetivo propuesto se ha reunido con diversos interlocutores relacionados con la coyuntura actual del país. Las invitaciones al diálogo, que respondieron a una convocatoria amplia e inclusiva, fueron recibidas de manera positiva.
La Misión constató que el motivo de las movilizaciones, bloqueos y el rechazo ciudadano está relacionado con las acciones de la Fiscal General, Consuelo Porras, del Fiscal Rafael Curruchiche, la Fiscal Cinthia Monterroso y el Juez Fredy Orellana, que atentan contra la integridad del proceso electoral y los resultados de las Elecciones Generales 2023.
En particular, se identifican como detonantes las acciones ocurridas a finales de septiembre de 2023, cuando fiscales del Ministerio Público irrumpieron con fuerza en la sede del Tribunal Supremo Electoral y extrajeron material electoral sensible, correspondiente a las actas originales electorales 4 y 8, que contienen la sumatoria de los resultados de la primera vuelta electoral celebrada en junio pasado.
La misión también indicó que “Legítimo es protestar, legítimo es cuestionar, legítimo es también ejercer la autoridad, pero ninguna actitud que se apoye o fantasee con la violencia es legítima”.
Las autoridades indígenas que lideran la protesta social han sido enfáticas en señalar que no representan ni permiten la participación de ningún líder, partido, o movimiento político. Por lo tanto, las acusaciones para involucrar al presidente electo, Bernardo Arévalo, o a cualquier otro liderazgo político en estas acciones, no son de recibo ni admisibles.
Orden de la CC
La CC ordenó en una resolución reciente que los manifestantes debían ser desalojados de puntos de acceso en la sede del MP.
Lideres ancestrales y autoridades de Gobernación dialogaron mediados por la PDH y acordaron dejar expeditas esas áreas del edificio, sin embargo, aseguraron que las manifestaciones continuarán de manera indeterminadas.
