El Ministerio Público brinda conferencia de prensa en torno a las diligencias que se realizaron hoy por el caso de defraudación y corrupción B410, el cual se conoció por la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) hace algunos meses.
En esta conferencia, tuvo participación la Fiscal General y Jefa del Ministerio Público (MP) Consuelo Porras quien envió un mensaje a la población en general, indicando que están comprometidos con dar seguimiento a toda denuncia que reciban, así como a luchar contra la corrupción en todas las instituciones.
De esa cuenta dijo una frase específica y es que “si alguien no debe nada, no tiene por qué temer”, para luego ceder la palabra al primer subsecretario general del Ministerio Público y al Jefe de la Fiscalía de Delitos Económicos Mario Pérez Zapeta.
Diligencias del 16 de diciembre
Erick Schaeffer, primer subsecretario general detalló que relacionado a esta investigación se han realizado más de 400 diligencias y que este día sólo se operativizó una fase de la investigación que continúa en desarrollo y está a cargo de la fiscalía señalada.
En el operativo se buscaba hacer efectivas 13 órdenes de captura de funcionarios del Ejecutivo, siete con cargos en el Ministerio de Salud y representantes legales de algunas sociedades anónimas.
Así mismo se captura al abogado y notario David Francisco Barrera Maldonado por el delito de lavado de dinero u otros activos.
Detalles de la investigación
Mario Pérez Zapeta, jefe de la fiscalía de delitos económicos brindó detalles de la investigación que aún está en curso y por la cual hasta ahora se ha investigado a 410 sociedades anónimas o entidades.
Indica que las diligencias inician dos días de presentada la querella por parte de SAT, por medio de las cuales se determinó la venta de sociedades anónimas de manera anómala por parte de este notario, con el objetivo de defraudar al fisco.
Esto se lograba mediante la venta de dichas entidades, cambio de representante legal e inscripción ante la SAT, pero muchas registraban la dirección del notario, la cual era inexistente. De lo anterior el hombre generaba ingresos por la venta de las acciones pero también en el caso de dar su dirección para registrarlas.
Se indicó que varios bufetes legales le compraron acciones, así como dos firmas de abogados que mantuvieron las mismas con el domicilio del hoy capturado, pero que no se revelarán por la investigación que aún se realiza.
Diligencias a entidades del Estado por compra a empresas involucradas
¿Por qué figuran instituciones del Estado en las diligencias? Esto se debe a que se determinó que algunas entidades hicieron compras a nueve de las empresas involucradas en el caso, las cuales no tenían infraestructura instalada.
Señala que algunos procesos tenían 20, 60 y hasta 80 por ciento, en este último caso menciona a la empresa Propéla y que es la cartera de salud la que más le compró a través del hospital San Juan de Dios.
Derivado de esas auditorías la Contraloría General de Cuentas presentó dos denuncias, por lo que continúan las diligencias
Otros sindicados:
- Gerardo David Hernández García, Exdirector ejecutivo del Hospital San Juan de Dios.
- Julio Edgardo Ajanel de León- Asistente de Ingeniería Hospital San Juan de Dios.
- Walter Arnoldo Castillo Cordón- Encargado del Presupuesto Hospital San Juan de Dios.
Antecedentes
El fiscal a cargo también hizo una acotación al inicio y es que tenían un antecedente sobre las empresas creadas en la colonia Bamvi a la cual dan seguimiento desde noviembre de 2023 por una denuncia en la fiscalía de Mixco, a la que se sumaron otras 23 que finalmente llegaron a la fiscalía de delitos económicos.
“En febrero de 2024 esta fiscalía inicia la investigación presentada en Mixco la cual implica a 22 personas agraviadas, todas de sexo femenino. En esa oportunidad se detalla que una persona contacta a todas las mujeres, amas de casa, y se presenta como miembro de una ONG ofrecieron dinero o ayuda económica a cambio de dar datos y grabar un video. El objetivo era crear agencias virtuales. Conforme el tiempo se percatan que les fueron creados establecimientos comerciales inscritos en la SAT, se afiliaron a regímenes de Factura Electrónica y empezaron a emitir facturas por montos de Q1000 a Q29 mil. El objetivo de la creación de las mismas era lavado de dinero o venta de facturas, por lo que se solicitó la cancelación de las empresas“, se indicó.
