El anticipado anuncio que hizo Donald Trump de su tercera postulación a la Casa Blanca no blindará al expresidente de las investigaciones penales que ya enfrenta en su calidad de ciudadano común, dejándolo en lo jurídico y lo político mientras intenta obtener la nominación republicana para los comicios de 2024.
El Departamento de Justicia sigue adelante con sus pesquisas. Y con los resultados de las elecciones intermedias ya casi completos y la campaña de 2024 a meses de distancia de que comiencen en serio, los fiscales federales presidenciales cuentan con tiempo abundante para continuar su labor incluso mientras Trump comienza a promoverse ante los electores.
Trump ingresa a la contienda enfrentando investigaciones federales relacionadas con sus intentos de revocar los resultados de las elecciones de 2022 y por el almacenamiento de documentos ultrasecretos del gobierno en su mansión Mar-a-Lago de Florida, más una pesquisa estatal por separado en Georgia. La investigación sobre la residencia ha avanzado con especial rapidez, y este mes los fiscales le obtuvieron inmunidad a un aliado cercano de Trump para asegurar su testimonio ante un jurado investigador federal. Abogados del Departamento de Justicia en esa pesquisa dicen que han recabado evidencia de posibles delitos que no solo involucran obstrucción de la justicia, sino también la retención deliberada de información de defensa nacional.
Sigue sin estar claro si alguien enfrentará cargos, y tampoco se conoce si hay una fecha específica para que se tome una decisión. Pero exfuncionarios dicen que la mejor forma de asegurar que el desenlace sea considerado irreprochable es llevar a cabo una investigación apegada a las reglas que no muestre algún favoritismo especial ni trato despectivo influido por el hecho de que Trump ocupó la presidencia de Estados Unidos.
El procurador general actual, Merrick Garland, ha insinuado lo mismo: en respuesta a preguntas sobre Trump y la investigación en torno al asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021, el verano pasado dijo que “ninguna persona está por encima de la ley”. Cuando se le preguntó en una entrevista televisiva en julio cómo podría afectar al departamento una posible candidatura de Trump, Garland respondió: “Haremos que rinda cuentas cualquiera que sea penalmente responsable de intentar dañar con la transferencia —la transferencia legítima, válida— del poder de una administración a la siguiente”.
El investigar a cualquier funcionario electo, o candidato a algún puesto, casi siempre es una invitación a la especulación política. El protocolo del Departamento de Justicia le advierte a los fiscales que no deben tomar acciones manifiestas en el período anterior a unas elecciones, pero eso es más un convencionalismo estándar que una norma inamovible. Y la contienda por la presidencia en 2024 está a dos años de distancia.
De todas las formas, no es fácil investigar a un expresidente ni a un candidato en campaña. Eso es especialmente cierto en el caso de Trump, que pasó su presidencia agrediendo a su propio Departamento de Justicia y hostigando a procuradores generales que él mismo había nombrado. Ya ha criticado al FBI por allanar Mar-a-Lago en agosto, y se validó el episodio para recabar fondos de sus simpatizantes.
Ahora que su candidatura ya es oficial, él y sus útiles intentarán reenmarcar la narrativa de la investigación como una persecución política por parte de un gobierno demócrata que le teme para 2024.
