El presidente Bernardo Arévalo dijo en conferencia de prensa que instruyó a la Comisión Nacional Contra la Corrupción que iniciara una revisión “exhaustiva” de los contratos de las empresas referidas con el Estado en el marco del caso de defraudación fiscal develado por la SAT, B410.
El jefe del Ejecutivo aseguró que lo presentado por la SAT, es “sin duda la punta del Iceberg”, y que aún podrían existir estructuras pendientes a ser develadas.
“Como Gobierno tomaremos la acciones pertinentes por las implicaciones que esta red de defraudación tienen para el erario público y los bienes del pueblo de Guatemala”, expresó este lunes 19 de agosto el mandatario de la nación.
Además, dijo que la PGN tomará las medidas pertinentes para defender los intereses del Estado y contribuir a que las investigaciones lleven a los responsables de este fraude fiscal ante la justicia.
“La estructura del caso B410 fue diseñada y ejecutada durante el Gobierno anterior, con el fin de enriquecer a unos pocos”, puntualizó Arévalo.
Por esa razón, el mandatario añadió que esto confirma y comprueba que la corrupción fue el “sistema operativo” del Estado en ese momento.
Arévalo refirió que también se instruyó a la Comisión Contra la Corrupción desarrollar nuevos protocolos de compras y regulación en materia de beneficiarios finales, “para que esta historia nunca más se repita”.
Caso de defraudación fiscal
La semana pasada la SAT develó el caso B410, se trata de una estructura que habría estafado al Estado por unos Q300 millones.
La SAT indicó que el caso revela una estructura formada por 410 empresas que estuvieron involucradas en la comisión de actos de defraudación.
Varias de estas han sido vendedores directos de instituciones del Estado entre 2021 y 2024, la SAT presentó una denuncia en el MP para que haga las investigaciones, hasta el momento la denuncia va contra 32 de las empresas involucradas.
Al respecto Arévalo indicó “En vez de estar investigando casos por pantallazos o enfocando sus capacidades en hostigar y criminalizar a quienes consideran sus enemigos políticos, el MP tiene la responsabilidad de perseguir a implicados que han provocado serios daños a las aspiraciones de desarrollo del país”.
