Autoridades de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), han encontrado obstáculos para continuar con el caso B410, debido a que se han otorgado 16 amparos a favor de empresas involucradas en la red de evasión tributaria.
Esto ha obligado a levantar las suspensiones y por ende dificultar el proceso recuperación a favor del Estado.
Marco Livio Díaz, Superintendente de SAT dijo que creía que era cuestión de tiempo. Las compañías piensan que con el amparo van a poder dilatar mucho tiempo el pago, pero él cree que no.
Añadió que están terminando las auditorias y van a presentar los resultados. Dijo que esperan que al finalizar las auditorías las compañías decidan pagar al tener una cifra exacta que tienen que pagar, por lo que esperan que los siguientes dos meses paguen los impuestos evadidos y los que no pague que se emitan las ordenes de captura respectiva.
El titular de SAT, explicó que se continúan recibiendo notificaciones de acciones interpuestas, por lo que estarán apelando.
Contexto del caso B410
Las autoridades de la SAT y del Gobierno central han calificado este caso como la mayor operación contra la defraudación fiscal en Guatemala.
Se trata de una estructura de defraudación fiscal, denominada “B410”, que involucra a 410 empresas.
Esta red habría facturado más de 6 mil 400 millones de quetzales entre 2021 y 2023 al Estado, pero solo pagó 26.9 millones de quetzales en impuestos, lo que representa una posible defraudación de 300 millones de quetzales, cifra que podría aumentar a medida que avanza la investigación.
Se estima que en el primer semestre de 2024 facturaron 714 millones de quetzales adicionales.
Grupos de empresas bajo investigación
Se trata de tres grupos de empresas, la estructura vendió directamente al Estado bienes y servicios por más de 81.7 millones de quetzales, principalmente a la Policía Nacional Civil, el Ministerio de la Defensa y municipalidades.
Otro grupo son proveedores del Estado, quienes compran a la estructura: 16 contribuyentes que vendieron al Estado bienes y servicios por 4 mil 342 millones de quetzales también compraron a empresas de la estructura más de 375 millones de quetzales.
Empresas que venden a constructoras proveedoras del Estado: Dos contribuyentes de la estructura vendieron 64.8 millones de quetzales a cinco constructoras que, a su vez, vendieron al Estado 517.2 millones quetzales.
