Este lunes 2 de septiembre, dio inicio el Sexto Congreso Internacional del Programa Operador Económico Autorizado, bajo el lema “Impulsando un comercio seguro y competitivo: El Futuro del OEA”, el cual tiene como objetivo continuar impulsando el programa con los actores de la cadena logística nacional e internacional.
Durante su participación, el titular de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), Marco Livio Díaz, hizo referencia sobre el caso B410.
El superintendente dijo que luego de la presentación del caso B410, lamenta que no se hayan girado las órdenes de captura contra los empresarios implicados en evasión fiscal.
Contexto del caso B410
Las autoridades de la SAT y del Gobierno central han calificado este caso como la mayor operación contra la defraudación fiscal en Guatemala.
Se trata de una estructura de defraudación fiscal, denominada “B410”, que involucra a 410 empresas.
Esta red habría facturado más de 6 mil 400 millones de quetzales entre 2021 y 2023 al Estado, pero solo pagó 26.9 millones de quetzales en impuestos, lo que representa una posible defraudación de 300 millones de quetzales, cifra que podría aumentar a medida que avanza la investigación.
Se estima que en el primer semestre de 2024 facturaron 714 millones de quetzales adicionales.
Grupos de empresas bajo investigación
Se trata de tres grupos de empresas, la estructura vendió directamente al Estado bienes y servicios por más de 81.7 millones de quetzales, principalmente a la Policía Nacional Civil, el Ministerio de la Defensa y municipalidades.
Otro grupo son proveedores del Estado, quienes compran a la estructura: 16 contribuyentes que vendieron al Estado bienes y servicios por 4 mil 342 millones de quetzales también compraron a empresas de la estructura más de 375 millones de quetzales.
Empresas que venden a constructoras proveedoras del Estado: Dos contribuyentes de la estructura vendieron 64.8 millones de quetzales a cinco constructoras que, a su vez, vendieron al Estado 517.2 millones quetzales.
