En el Senado de Texas se impulsan 2 proyectos para ampliar jurisdicción del estado sobre la aplicación de la ley de inmigración, con el objetivo de lograr que los cruces realizados por parte de los migrantes, se conviertan en delito estatal en caso sean aprobados, comparte el licenciado Fernando Castro Molina, analista migratorio guatemalteco.
Se debe resaltar que un grupo de exjueces de inmigración, han mostrado su total rechazo a la propuesta presentada en el senado, pues argumentan que genera un conflicto con el derecho constitucional y las obligaciones de los tratados estadounidenses.
Se argumentó por parte de los jueces, lo siguiente: “La legislación propuesta en Texas, que permitiría a un juez de un tribunal estatal emitir una orden de deportación, no es legal.
La inmigración es claramente una función federal. Los legisladores estatales no pueden promulgar leyes de inmigración por las mismas razones por las que el Congreso de los Estados Unidos no puede promulgar legislación estatal de Texas.
Se debe resaltar que los jueces magistrados estatales, no pueden llevar a cabo procedimientos de inmigración por la misma razón que los jueces de inmigración federales no pueden juzgar casos penales estatales de Texas, lo cual fue manifestado por parte del colectivo de jueces.
No obstante, los proyectos de ley, son enviados a la Cámara estatal donde deberán ser analizados nuevamente.
Cabe señalar que, en los últimos meses, el manejo que el gobierno texano presidido por Gregg Abbott, gobernador, le ha dado al tema de inmigración, le ha generado un enfrentamiento directo con la administración federal.
Esto, con el objetivo de evitar que las personas indocumentadas que ingresan a Estados Unidos se queden en Texas, Greg Abbott patrocina su trasladado hacia estados gobernados por demócratas, lo cual está separándolos de inmigrantes, perjudicándolos económicamente.
Otro de los objetivos es también conseguir la asignación de más de $1,500 millones de dólares para la vigilancia de la frontera sur de Estados Unidos.
