Trabajadores de la Compañía Guatemalteca de Níquel se presentaron nuevamente frente a la Corte de Constitucionalidad (CC), para solicitar que el amparo provisional de fecha 18 de julio sea resuelto de manera definitiva.
Los manifestantes aducen que llevan más de 90 días con las operaciones paradas y que la empresa continúa pagando la planilla mensual que representa 1.5 millones de dólares, equivalentes a más de 8 millones de quetzales. No obstante, se conoce que la minera no detuvo sus labores bajo el argumento que esperaban la resolución de recursos de ampliación y aclaración que la corte rechazó el pasado 27 de agosto.
El representante legal anunció que de continuar la demora para el fallo definitivo por la CC se estará realizado recorte de personal.
Tres meses de protestas
Esta no es la primera vez que trabajadores de la compañía realizan protestas; desde hace tres meses, gerentes, trabajadores, contratistas y hasta vecinos de El Estor, Izabal, han llegado para solicitar la resolución a los magistrados.
El fallo del 8 de julio suspende las operaciones de la mina, con licencia para explotar níquel, cobalto, hierro, magnesio y cromo, debido a que no consultaron a las comunidades que reciben los impactos, en los municipios de El Estor, Izabal; Panzós, Senahú y Santa María Cahabón, de Alta Verapaz.
