Decenas de familias colombianas aún piden justicia por sus muertos y el dolor se aviva con la llegada de un nuevo 28 de abril, cuando se conmemora el primer aniversario del llamado “Paro Nacional” que se convirtió en el ciclo de protestas antigubernamentales más grandes de la historia reciente en el país.
Las pesquisas de las autoridades avanzan lento. Según Naciones Unidas, más de 40 personas perdieron la vida en las manifestaciones, aunque la Fiscalía dijo que se documentaron 29 asesinatos. De estos solo hay tres casos en juicio, dos más en etapa de investigación y los 24 restantes en indagación, una fase inicial en los procesos.
El inconformismo en Colombia tomó forma en las calles en dos meses de protestas que generaron inestabilidad e incertidumbre. La presión de las apariencias que el gobierno retirará una reforma fiscal que cambiará injusta y que renunciará al ministro de Hacienda, pero no se detuvo, luego se convirtió en un reclamo generalizado por problemas estructurales como la inequidad, el desempleo, la pobreza y presunto exceso de la fuerza de la policía.
En Cali algunas calles fueron cerradas por barricadas y los accesos a la ciudad bloquearon dificultando el paso de alimentos y medicamentos. Aunque la mayoría de las manifestaciones fueron pacíficas en todo el país, hubo actos vandálicos contra la infraestructura pública como el transporte y las estaciones de policía y la privada, como el incendio de algunos bancos. También se registraron disturbios y enfrentamientos con agentes antimotines, lo que no causaron solo muertos, también más de 3.000 heridos, entre civiles y policías.
El presunto uso excesivo de la fuerza para reprimir las manifestaciones ha sido una denuncia constante no solo de las víctimas, sino también de organizaciones de derechos humanos como Human Rights Watch y de la oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos . Esta última verificó que 46 personas perdieron la vida en las protestas -entre ellas dos policías- y dijo, en un informe divulgado en diciembre, que en 28 de estos casos los miembros de la fuerza pública fueron los presuntos responsables.
Sin embargo, como respuesta a una solicitud de información, la Fiscalía colombiana informó que, según sus investigaciones, son 10 los casos en los que se encuentran vinculados a miembros de la fuerza pública.
Su caso es uno de los más avanzados, el juicio está por iniciar. La Fiscalía acusó formalmente al alcalde Jorge Mario Molano Bedoya, quien se encuentra detenido, por presuntamente disparar “su arma de dotación de manera indiscriminada y sin razón alguna, en el entendido de que los manifestantes se habían retirado” impactando a Murillo, quien caminaba solo rumbo a su casa y era ajeno a la protesta.
En una entrevista reciente con la AP, el presidente colombiano Iván Duque dijo que su gobierno tiene “cero tolerancia” con cualquier conducta ilegal de un miembro de la fuerza pública y aseguró que como consecuencia de investigaciones hay “varias personas (policías) que han recibido sanción de suspensión” o han sido alejados de su responsabilidad, sin embargo, no detalló de cuántos casos se trata.
Al ser consultada por medio de una solicitud de información, la policía no respondió cuántos uniformados han sido sancionados y cómo. Sin embargo, la Procuraduría, encargado de investigar disciplinariamente a los funcionarios públicos, asegura que se activan 448 investigaciones contra policías, de un total de 1.205 quejas que se tramitaron.
Aunque del listado de investigaciones activas la mayoría tiene “reserva sumarial” y por tanto no hay acceso público al detalle del proceso, algunas fueron especificadas. En Bogotá hay un caso activo por presuntas agresiones de agentes antimotines a manifestantes durante disturbios y se está en proceso de ordenar una sanción de suspensión e inhabilidad especial por seis meses, dijo la Procuraduría.
Ante los cuestionamientos, la policía asegura que ha promovido la capacitación en derechos humanos e implementó mejoras en sus protocolos para garantizar el derecho a la manifestación pacífica. En febrero el gobierno de Estados Unidos donó ocho millones de dólares a la policía colombiana para fortalecer los estándares de derechos humanos y la lucha contra la corrupción dentro de la institución.
Las fuerzas de seguridad han sido cuestionadas antes. Durante las protestas de septiembre de 2020 en Bogotá y Soacha, la policía estuvo posiblemente involucrada en la muerte de 11 personas, según un informe independiente y respaldado por Naciones Unidas. Las protestas contra la policía se desataron tras el asesinato de Javier Ordóñez, de 43 años, quien fue reducido y golpeado por agentes de la policía pese a sus súplicas constantes para que se detuvieran.
Las madres de los jóvenes asesinados en varias ciudades del país no solo llevan el proceso judicial a cuestas, también buscan dejar en alto el nombre de sus hijos.
Las autoridades han dicho que algunas protestas fueron infiltradas por grupos armados, sin embargo, la Fiscalía respondió a la AP que en los casos de 15 víctimas mortales en las que se han “logrado esclarecer los hechos” no se ha establecido ningún tipo de relación con grupos al margen de la ley.
