Para viabilizar la compra de dos aviones Pampa III a Argentina, el mes pasado se modificó el Convenio de Cooperación Científica y Técnica entre Guatemala y aquella nación; además, se suscribió un acuerdo específico sobre las aeronaves, pero no se pidió antes la opinión de la Procuraduría General de la Nación (PGN).
Así lo reconoció esta mañana el viceministro de la Defensa Jorge Ruiz, quien acudió a una citación en el Congreso de la República.
Allí, se conoció que la PGN habría objetado la modificación del Convenio, por considerar que los cambios debieron ser avalados y suscritos por el Ministerio de Relaciones Exteriores.
Los diputados cuestionaron, además, que no se haya consultado previamente a la cartera de Finanzas sobre la disponibilidad financiera para la compra, aunque Ruiz aseguró que este despacho ya hace las gestiones para ubicar los fondos necesarios para la transacción.
La justificación
A decir del viceministro, la compra de los aviones es necesaria para fortalecer el combate al narcotráfico, cuyas estructuras han empezado a utilizar el espacio aéreo para el trasiego de estupefacientes.
Se trata de aparatos de tercera generación, que cuentan con un sistema digital y la capacidad de que les sean instaladas armas que permitirían interceptar aeronaves de estos grupos criminales, manifestó.
Aunque reconoció, que debido a que no existe una legislación en la materia, no podría dispararse contra los aviones del narcotráfico, sino solamente interceptarlos y custodiarlos a tierra.
Actualmente, el Ejército solo cuenta con 24 aeronaves, entre avionetas y helicópteros, que no pueden superar la velocidad de los aparatos usados por el narcotráfico, expresó.