La Corte Suprema de Justicia (CSJ) deberá decidir si admite para su trámite la solicitud de antejuicio contra la magistrada de la Corte de Constitucionalidad (CC) Gloria Porras, contra quién se interpuso una querella penal el lunes recién pasado.
El abogado Gabriel Pallarés, denunciante en este caso, indicó que su planteamiento fue remitido al Juzgado Cuarto de Primera Instancia Penal, cuyo titular se inhibió de conocerla, por lo que el expediente pasará al pleno de la CSJ.
Pallarés acusa a la magistrada de la CC de los delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de deberes, resoluciones violatorias a la Constitución y retardo malicioso de justicia, por supuestamente haber retardado la resolución de una acción legal en favor de la exdirectora de la Policía Nacional Civil (PNC), Marlene Blanco Lapola.
De considerar que existen elementos para dar trámite al proceso de antejuicio, la Corte remitiría el expediente al Congreso de la República, donde tendría que conformarse una comisión pesquisidora para conocer el caso, y recomendar el retiro o no de inmunidad a la togada.
El caso
Según el profesional del Derecho, Porras impidió de forma ilegítima la resolución de un amparo con el cual Blanco buscaba recuperar el beneficio de prisión domiciliaria, dictado en primera instancia por una sala de apelaciones.
El expediente entró a la Corte de Constitucionalidad, fue conocido y votado para dejar en firme la resolución, pero fue sustraído por la magistrada, sin que hubiera ninguna ley que la facultará para ello”, dijo Pallarés.
A decir del denunciante, ya existía una resolución que beneficiaba la exdirectora de la PNC, pues cuatro magistrados votaron a favor; sin embargo, esta aún debía ser firmada. Precisamente antes de que esto se concretara, el expediente fue sustraído ilegítimamente, según él, por Porras.
En contexto
Marlene Blanco Lapola enfrenta un proceso penal, acusada de ejecución extrajudicial y asociación ilícita, por hechos suscitados supuestamente mientras ocupaba el cargo de directora de la PNC.
En 2015 fue favorecida con arresto domiciliario por la Sala de Apelaciones del Ramo Penal de Procesos de Mayor Riesgo, pero el beneficio fue revocado posteriormente por la CSJ. La defensa de la exfuncionaria apeló esta última resolución ante la CC, pero la acción no fue resuelta.