México aceptó enviar a 6000 oficiales de la Guardia Nacional a su frontera con Guatemala. El acuerdo llegó después de que el presidente estadounidense amenazara con imponer aranceles progresivos a los productos que Estados Unidos importa de México si el país no detenía el flujo de migrantes que atraviesan su territorio para llegar a Estados Unidos. Ambos países hicieron una declaración conjunta la tarde del viernes.
“Los escasos y apenas preparados recursos que tenemos los pondremos inmediatamente al servicio de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos en nuestra frontera sur”, dijo Alejandro Madrazo, académico del Centro de Investigación y Docencia Económica en Ciudad de México y crítico de la estrategia de la Guardia Nacional. “Estamos haciendo del territorio mexicano una zona de protección para la frontera estadounidense y estamos poniendo cuerpos mexicanos como una barrera para Estados Unidos y su política migratoria”.
Además de los oficiales de la Guardia Nacional que harán de los asuntos migratorios su objetivo principal, México accedió a ampliar un polémico programa llamado Protocolo de Protección Migrante (Migrant Protection Protocol), mejor conocido como el Plan Quédate en México.
El programa, que se anunció a principios de año, obliga a algunos solicitantes de asilo a esperar en México mientras sus casos se procesan en Estados Unidos. La iniciativa ha tenido como resultado el regreso de 8000 personas a México, una acción cuestionada legalmente por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU).
México no es buena opción para los migrantes según expertos
Los expertos dicen que México no es un lugar seguro para los migrantes que huyen de la violencia y la pobreza en Centroamérica; el año pasado, el país alcanzó un número de homicidios inédito desde que se comenzó a llevar registro hace más de dos décadas.
El crimen organizado controla mucho del flujo de migrantes en secciones de la frontera y la violencia es una realidad; las balaceras son comunes, así como las luchas sangrientas entre cárteles.
Se han encontrado fosas comunes con cadáveres de migrantes. Exponerlos a una larga espera en algunas de las secciones más peligrosas de la frontera, como en el estado de Tamaulipas, podría ser una sentencia de muerte, según activistas de derechos humanos.
Para implementar el acuerdo, ambas naciones necesitan contratar personal y ejecutar protocolos para manejar a los migrantes retornados. México tendrá que encontrar el dinero para cumplir con sus promesas de dar trabajo, educar y atender la salud de los migrantes que sean retornados (entre ellos, muchas familias) en un momento en el que la economía del país está aletargada, el peso se ha debilitado y las medidas extremas de austeridad están recortando servicios básicos para los mexicanos.
Información del New York Times