El Ministerio Público dirige 12 diligencias de allanamiento, en los cuales se detuvo a 4 abogados.
Dicho operativo está relacionado con la investigación denominada “Comisiones Paralelas 2020″ en la que el ente investigador señala manipulación en los procesos de elección de magistrados para la Corte Suprema de Justicia, Salas de Apelaciones y de otros Tribunales Colegiados de igual categoría.
Entre los capturados figuran Luis Fernando Ruiz, expresidente del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG); además de Jennifer Dell Acqua, Juan Salvador Soto Hernández y Olga del Rosario Alfaro Pineda.
Los allanamientos continúan en desarrollo en busca de otras personas implicadas, pero además “se ha podido ubicar información confirmativa de la tesis de la fiscalía”; informó el MP.
Detalles de la investigación
El fiscal Juan Francisco Sandoval detalló que en febrero de 2020, a raíz de la investigación por el delito de evasión en contra de Gustavo Alejos; el Ministerio Público pudo inferir intentos para manipular el proceso de elección de las cortes.
La investigación determinó, además de la influencia manifiesta de una persona privada de libertad, con vinculación en por lo menos cinco procesos penales; que las entidades de selección están permeadas por intereses especiales, lo que decantó en una manipulación de los procesos de selección y en la toma de decisiones; que se basaron en criterios políticos, en lugar de en una debida evaluación de los nominados”.
Negociaciones
Sandoval indicó que la estructura se cercioró de obtener el número de electores necesarios para alcanzar los votos mínimos indispensables, para cumplir con su cometido.
Luego de tener asegurado el número de votos necesarios, cada uno de los electores, bien sea en nombre propio o en representación de alguno de los operadores, estableció un cupo de aspirantes que pasaría a la nómina final, de conformidad con el pacto establecido.
Elección Corte de Apelaciones
El ente investigador logró determinar la forma en la cual, la posible estructura criminal, se concertó premeditadamente y durante el proceso de elección de Magistrados a la Corte de Apelaciones con el objeto de que resultaran electos los aspirantes que eran de su interés.
Para ello se habrían aprovechado de su poder político y su función como comisionados, para influir directamente en el proceso postulador.
Como consecuencia de esos actos se da la violación del derecho constitucional de optar a empleos o cargos públicos para aquellos aspirantes que reunían los méritos de capacidad, idoneidad y honradez, y quienes por no ser afines a los intereses de estos operadores y comisionados, fueron excluidos de dicho proceso, explicó Sandoval.