En las manifestaciones desarrolladas por segundo día consecutivo este jueves, frente al Congreso de la República, uno de los representantes de los veteranos de guerra que exigen la aprobación por parte del Legislativo de un Bono Honorifico, externó que contrario a la visión de villanos que se les atribuye, en realidad ellos son víctimas de la guerra registrada durante el conflicto armado interno entre 1960 y 1996.
Nos dicen que somos victimarios, pero no , en realidad somos víctimas de la guerra, por que se nos violó nuestros derechos humanos. Nos sacaron por la fuerza de nuestros hogares, nos tiraron a los camiones del ejército como que fuéramos animales, sin saber si quiera a donde íbamos. Entonces eso fue una violación a nuestros derechos humanos básicos. Enfatizó el representante, que por razones se seguridad, prefirió omitir su nombre
SERVICIO MILITAR OBLIGATORIO
El 11 de abril de 1953, el gobierno del coronel jacobo Árbenz Guzmán, por medio de un boletín, daba a conocer que todos los hombres en edades comprendidas entre los 18 a 25 años tendrían que prestar servicio militar obligatorio.
Quienes vivieron esa época, recuerdan esa época como oscura, ya que durante los fines de semana que los jóvenes salían a socializar a los parques o plazas de sus localidades, grupos armados militares, realizaban rondas y los obligaban a subir a los camiones..
Muchos de los reclutados eran trasladados a centros militares en donde se les preparaba y adiestraba en el manejo de armas, instrucción militar general, así como a prestar servicio social en caso de que en el país ocurriera alguna catástrofe, situación a lo que siempre eran enviados.
CIDH DENUNCIA RECLUTAMIENTO MILITAR FORZOSO
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expuso en el año 1993 una serie de denuncias recibidas, en donde se evidenciaba como muchos jóvenes, principalmente del interior del país, donde campesinos indígenas eran obligados a prestar servicios militar, en cuyos casos, muchos de ellos terminaban transformándose en servidumbre de los soldados, para satisfacer necesidades personales de sus superiores jerárquicos.
Si bien el servicio militar es contemplado en la Constitución Política guatemalteca, el mismo posee determinadas limitaciones o excepciones, y el reclutamiento debe efectuarse conforme a ciertas formalidades legales, destinadas a salvaguardar las garantías individuales. El modus operandi del Ejército para reclutar personas en Guatemala desvirtúa por completo aquellas excepciones o limitaciones y, al omitir cumplir con las formalidades legales, viola garantías individuales. Se lee en un extracto del informe emitido
La ley de aquel entonces establecía que todos los varones hábiles cuando cumplen 18 años de edad deben prestar 30 meses (2.5 años) de servicio militar. Sin embargo en muchos casos, el reclutamiento de nuevos elementos castrences, se establecía bajo la implementación de redadas.
Esa selección en vez de realizarse por un procedimiento legal, sea por registro voluntario o por sorteo, se realiza en operaciones arbitrarias de redadas con características netamente discriminatorias por raza y posición económica, es decir se orienta contra jóvenes indígenas y pobres…
En primer lugar los comisionados militares asumen la autoridad de detener personas, que está reservada a la Policía Nacional sea en base a orden judicial o por delito flagrante. Por otra parte, y fuera de lo que indica la Ley Constitutiva del Ejército como condición del reclutamiento, los comisionados detienen a personas sin que haya mediado la citación prevista en dicha ley. Explica otro de los extractos del documento de la CIDH
Las particulares redadas eran realizadas principalmente contra personas indígenas que en determinado momento eran el único sostén familiar, y tras su “captura” dejaban a sus familiares en el total desamparo. Para entonces la comunicación no era como en la actualidad, por lo que los familiares vivían una extenuante angustia que suponía meses al desconocer el paradero de sus seres queridos, en donde muchos eran dados por muertos y provocó daños psicológicos y emocionales, además de daños económicos en las familiares, que invertían sus pocos recursos en la búsqueda de sus seres queridos.
MENORES DE EDAD RECLUTADOS
El informa de la CIDH señala que se registró la detención de numerosos menores de edad, quienes al no portar documentos de identificación, dada su condición, la sentencia final de sus captores, era suficiente para determinar si era o no menor de edad.
La minoría de edad debe presumirse según el Código de Menores guatemalteco. Sin embargo, para obtener la libertad de un menor reclutado forzadamente, es necesario presentar al comandante de la zona militar la certificación de su partida de nacimiento. Como lo ha observado la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado: “ésto le significa a los familiares hacer los gastos de transportación y de tramitación de la papelería, con el agravante de tener que, en primer lugar, averiguar ante las autoridades militares a qué zona o destacamento militar ha sido llevado, pues en muchos casos la familia no tiene noticias de su familiar reclutado sino hasta pasado un mes, revistiendo esto las características de un secuestro. Se lee en el documento
El informe da a conocer muchos episodios registrados, como por ejemplo cuando en agosto de 1990 en la Universidad de San Carlos se reclutaron, sin citación, ochenta estudiantes universitarios, aunque los mismos estaban exceptuados de servicio militar.
En declaraciones públicas, una fuente cercana al Ejército, condenó los métodos de reclutamiento señalando que deben ser reformados porque sujetan a los reclutas a “servidumbre”. Sostuvo que el reclutamiento es discriminatorio, pues “siempre son los campesinos o los jóvenes pobres los atrapados, para proveer luego servicios gratuitos a los oficiales militares, trabajando como sus jardineros, chóferes o sirvientes”. Explica otro de los extractos
El servicio militar forzado concluyó tras la firma de los Acuerdos de Paz en diciembre de 1996. Fue entonces cuando dentro del mismos se estableció que este ya no sería obligatorio ni forzado, tampoco motivo de violación a los Derechos Humanos.
Sin embargo casi 25 años después, muchos de estos elementos reclutados señala que ha sido difícil superar esa etapa, sobre todo sin el debido apoyo psicológico y emocional, de una época que marcó sus vidas.
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