“Eso decidió la familia… tanto la niña como la criatura están muy bien, según la valoración médica”, dijo el miércoles la representante de la Asamblea de Derechos Humanos de Santa Cruz, María Inés Galvis.
En un principio la familia de la menor había decidido la interrupción del embarazo, pero cambió de parecer después de que la Iglesia ofreció ayuda, lo que desató criticas de sectores a favor del aborto.
En Bolivia está prohibido el aborto, aunque hay una sentencia a favor en casos de violación o de riesgo de vida para la madre.
El embarazo de 21 semanas de la menor fue detectado recién la semana pasada luego de una revisión médica. Los padres de la niña, que habría sido violada por su abuelastro, trabajan en La Paz y dejaban a la menor al cuidado de las tías y el abuelastro, quien está detenido preventivamente en una cárcel.
La Conferencia Episcopal Boliviana expresó en un comunicado que “no se puede obligar a nadie a realizar abortos, ni siquiera ante la gravedad de la violencia sexual, porque el aborto en Bolivia es un delito… Ambas vidas merecen y deben ser protegidas”.
Pero el ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, sostuvo que “esto es un acto flagrante de violación a los derechos de esta niña” y dijo que “desde ningún punto de vista obligar a dar a luz a una niña puede ser algo correcto”.
“Las niñas no deben ser obligadas a ser madres”, gritaba un grupo de activistas que protestaron en Santa Cruz.
El Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres rechazó la “intromisión” de la Iglesia.
En tanto, Rubén Costa, de la Sociedad de Obstetricia y Ginecología de La Paz, dijo a radio Panamericana que el aborto debe realizarse antes de las 22 semanas. “Prima más el peso del feto, si el peso es menor 500 gramos es un aborto y si pesa más ya estamos hablando de un prematuro… Y mientras más pasa el tiempo el riesgo es mayor”.
En 2020 en Bolivia se reportaron 1.308 casos de violación de infantes, niñas, niños y adolescentes y 51 infanticidios, según el Ministerio de Justicia. Sin embargo, activistas señalan que la cifra es mayor, ya que muchas familias no hacen la denuncia.