El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, anunció una ofensiva contra el resto de integrantes de las violentas pandillas que siguen operando y que hace doce días asesinaron a un policía. Este operativo lo realiza en medio de las denuncias de violaciones a los Derechos Humanos por parte de los cuerpos de seguridad y las críticas de la comunidad internacional.
Aunque estamos ganando decisivamente la guerra contra pandillas, lanzaremos una ofensiva contra los remanentes de estas estructuras” ilegales, afirmó el gobernante en su cuenta de Twitter.
El pasado 16 de mayo, miembros de una de esas agrupaciones asesinaron al agente Maximino Vásquez lo que obligó a las autoridades a implementar un cerco militar que condujo a la captura de varios pandilleros acusados de su presunta participación en el crimen.
Tras el asesinato, Bukele implementó un cerco con 5.000 soldados y 500 policías en la ciudad de Nueva Concepción, de unos 30.000 habitantes, en el departamento de Chalatenango, unos 80 km al norte de la capital San Salvador. El objetivo de esa ofensiva es “para evitar cualquier intento de reagrupación, como estaba ocurriendo en Nueva Concepción”, puntualizó.
Tras el crimen, el gobernante prometió que los involucrados “pagarían caro por el asesinato de nuestro héroe (policía)”.
Con la imposición del cerco militar, según Bukele, lograron destruir “su clica, arrestamos a sus compañeros, arrestamos a su líder” y el viernes fueron arrestados los 3 asesinos, uno de ellos en un poblado guatemalteco cercano de la frontera salvadoreña.
Las autoridades salvadoreñas mantienen una guerra contra las pandillas amparada en un régimen de excepción que fue declarado originalmente por el parlamento, a pedido de Bukele, en respuesta a una escalada homicida que cobró la vida de 87 personas, del 25 al 27 de marzo de 2022.
Desde entonces han sido detenidos 68.720 presuntos pandilleros, aunque unos 5.000 han sido liberados por no estar vinculados a estas bandas, según el gobierno.
La cruzada contra las pandillas cuenta con el apoyo de nueve de cada diez salvadoreños, según encuestas, pero organizaciones de derechos humanos y la Iglesia Católica han criticado los métodos de Bukele.
Duras críticas de los defensores de los Derechos Humanos
La iniciativa de encerrar a todos los pandilleros y movilizar a todas las fuerzas del orden público es una medida que crea polémica a nivel internacional porque a pesar de que parte de la población valora positivamente los resultados, más allá de las fronteras salvadoreñas aparecen denuncias por violaciones de Derechos Humanos.
En abril pasado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) llamó al Estado de El Salvador a “restablecer” los derechos suspendidos desde marzo de 2022 bajo el régimen de excepción.
“La CIDH urge al Estado respetar los derechos humanos en la adopción de las medidas para la prevención, control y respuesta a la criminalidad, así como a investigar, procesar y sancionar las actividades delictivas”, indicó el organismo en un comunicado.