Los Magistrados de la Corte de Constitucionalidad admitieron el ocurso de queja que presentó la Procuraduría General de la Nación en contra de la resolución del juzgado de primera instancia civil que detuvo la denuncia de dos auditores de la Contraloría General de cuentas contra la ex jefa del Ministerio Público. Para la CC la autoridad ocursada, es decir el juzgado de primera instancia cometió un error.
Tomando como base lo regulado en el artículo 26 del Acuerdo 1-2013 de la Corte de Constitucionalidad y los criterios jurisprudenciales y doctrina legal dictada por este Tribunal Constitucional (Expedientes 1738-2017, 1728-2016 y 454-2016), la Corte considera que la autoridad ocursada –Juzgado Primero de Primera Instancia Civil del departamento de Guatemala–, posteriormente a tener por recibido el informe circunstanciado, debió calificar el cumplimiento de los presupuestos de procedibilidad del amparo. De ello se evidencia que, en el presente caso, la autoridad ocursada incurrió en error dentro de la tramitación de la acción constitucional al no haber calificado los presupuestos procesales del amparo, siendo el momento oportuno inmediatamente después de haber recibido el informe circunstanciado remitido por la autoridad denunciada.
La Corte de Constitucionalidad emplazó al juzgado de Primera Instancia para que dicte la resolución como es debida:
Por lo anterior, la Corte resuelve declarar CON LUGAR el ocurso de queja planteado y, como consecuencia, ordena al Tribunal de Amparo de primer grado para que, dentro de las cuarenta y ocho horas de recibida la ejecutoria de la decisión asumida, examine los presupuestos de procedibilidad del amparo y dicte la resolución que conforme a derecho corresponde.
Los auditores encontraron hallazgos en la contratación que Thelma Aldana aprobó a favor de Marroquín Pérez y por eso la denunciaron en el Ministerio Público a finales del año pasado. Al conocer la denuncia en su contra, Aldana interpuso un amparo contra la decisión aduciendo que la Contraloría no agotó todo el proceso y se le otorgó dejando en suspenso las pesquisas.
La controlaría detectó que a José Carlos Marroquín Pérez se le pagó 1 millón de quetzales por un trabajo de apoyo al sector justicia pero no se presentó físicamente pues su lugar de residencia es en los Estados Unidos. También se detectó que ni siquiera firmó el contrato de trabajo sino fue un abogado. Para justificar su trabajo, Marroquín Pérez enviaba un informe que se lo firmaba Rotman Pérez, ex secretario de Política Criminal del MP y quien también está denunciado y luego el documento era refrendado con la firma de Thelma Aldana.