Mediante un criterio de oportunidad, los 9 procesados en el caso conocido como Caso O3, aceptaron su responsabilidad penal, ofrecieron una disculpa pública durante la audiencia y se comprometieron a realizar donaciones a cuerpos de socorro, para evitar ser enviados a juicio.
Con esta medida, el caso contra estas personas quedó cerrado en el Juzgado Segundo de Instancia Penal, que estableció los montos de las donaciones.
Responsables de fiesta ilegal aceptan culpabilidad.
De esa cuenta, los tres guardias de seguridad implicados deben pagar Q750, los tres asistentes y el dueño de la mueblaría Q15 mil cada uno, en tanto que el sobrino del alcalde capitalino debe cancelar Q20 mil; todo en equipo médico para bomberos voluntarios y municipales, así como para el hospital del Parque de la Industria.
La Fiscal a cargo del caso indicó que hay otras personas sujetas a la investigación, quienes están pendientes de resolver su situación legal de forma definitiva.
En contexto
El hecho ocurrió en junio de este año, en pleno cierre por la pandemia del COVID-19, y se conoció por videos que circularon en redes sociales.
Las grabaciones mostraban que los participantes incumplieron con las medidas sanitarias dictadas por las autoridades para evitar la propagación del virus.
En principio, la fiesta se realizó en el horario de toque de queda y sin ninguna medida de distanciamiento social y uso de mascarilla, por lo que el Ministerio Público (MP) inició la investigación y se procesó a varias personas, entre ellas el propietario del lugar y su esposa.
Durante el proceso, se determinó que los propietarios de la mueblería organizaron la reunión para festejar los 18 años de uno de sus hijos.