El partido oficialista pretendía exponer hoy ante el pleno del Congreso de la República la iniciativa de ley 6391, que busca realizar reformar a la ley orgánica del Ministerio Público, e intentar aprobar de urgencia nacional dichas reformas, con el objetivo de destituir a la fiscal general y jefa del MP, Consuelo Porras, entre otras cosas.
La sesión legislativa, sin embargo, no se llevó a cabo por inasistencia de una gran mayoría de diputados. Para aprobar dichas reformas, el partido oficialista necesitaba al menos 107 votos, empero, había en el hemiciclo parlamentario poco más de 40 legisladores.
Ante la falta de quorum, el presidente del Congreso de la República, Nery Ramos, suspendió la sesión.
DE QUÉ TRATA LA INICIATIVA DE LEY 6391
Según el Organismo Ejecutivo, ponente de la iniciativa, las reformas a la ley orgánica del MP permitirán exigir que el fiscal general rinda cuentas y su actuar sea evaluado. Evitar el abuso de poder e impunidad, y permitir la destitución de aquellos que permitan la corrupción y la impunidad.
EN PALABRAS DEL PRESIDENTE ARÉVALO
El jefe del Ejecutivo indicó que la reforma de ley del Ministerio Público “preserva” la “autonomía” de la entidad, “al mismo tiempo que asegura un mecanismo efectivo de rendición de cuentas para que nunca más un fiscal general pueda abusar impunemente del poder que el pueblo y la Constitución le han confiado“.
Durante la cadena nacional que ofreció el domingo último, el presidente recordó que la fiscal Porras ha omitido decenas de investigaciones por corrupción, vinculadas a personajes políticos, mientras ha encarcelado y acorralado a quienes exhiben ese flagelo.
“El Ministerio Público persigue y encarcela a quienes denuncian la corrupción, mientras perdona y exculpa a quienes roban y estafan al pueblo“, subrayó el presidente.
FISCAL GENERAL RESPONDEL AL PRESIDENTE
Hoy por la mañana, la jefa del Ministerio Público, acuerpada por distintos fiscales, se refirió a las acciones impulsadas por el Ejecutivo para su destitución.
Consuelo Porras dijo, entre otras cosas, que “estos ataques” no solo “evidencian un desconocimiento de la ley”, sino también “intereses individuales contrarios al Estado Constitucional de Derecho y a las víctimas del delito”.