Surgen nuevos detalles en torno a los allanamientos que se realizan en contra de exfuncionarios del Ministerio Público (MP) y de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG); los cuales están relacionados con la magistrada de la Corte Suprema de Justicia Blanca Aida Stalling Dávila.
Al caso se le denomina Persecución Penal Ilegal Fase I; cuya investigación derivó en diligencias de allanamiento en las viviendas del exjefe de la FECI Juan Francisco Sandoval, su abogada y ex mandataria de CICIG, Claudia González y la ex fiscal del Ministerio Público, Eva Siomara Sosa Pérez.
Según detalla la Fiscalía de Asuntos Internos que está a cargo del caso, estas personas son sindicadas por el delito de Abuso de Autoridad a tenor del artículo 418 del Código Penal.
Esto debido a que “abusando de su cargo o de su función, realizaron y/o permitieron actos ilegales en perjuicio de la administración pública y de otro funcionario público, es decir, la abogada Blanca Aida Stalling Dávila, magistrada de la CSJ“.
Esto por el caso en su contra en 2017, cuando la FECI en coordinación con CICIG presentaron una solicitud para retirar el antejuicio a la magistrada.
“Derivado de la investigación se determinó que dentro de la documentación presentada para motivar el antejuicio promovido por la FECI/CICIG, presentado el 11 de enero de 2017, un día después de la presentación de la denuncia, obran documentos los cuales revelan la realización de diligencias de investigación que fueron realizadas previo haberse presentado el acto introductorio o denuncia que motivó la promoción de Diligencias de Antejuicio en contra de dicha magistrada”.
Aunado a estos argumentos, el ente investigador indica que se presentaron y utilizaron informes realizados por personal de la CICIG sin la debida autorización del juez competente, así como tampoco se observó el procedimiento legal para el tratamiento de la evidencia.
Investigación ilegal por parte de CICIG
Según la fiscalía, la CICIG incurrió en una investigación ilegal, “toda vez que no fue hasta el 2 de febrero de 2017 que el Comisionado Iván Velásquez Gómez, solicitó abrir una investigación a cargo de la FECI; argumentando que se declaró con lugar el antejuicio en contra de Blanca Aida Stalling Dávila, a pesar que ya se había iniciado investigación en contra de dicha magistrada, sin que se tratara de Cuerpos ilegales de seguridad y aparatos clandestinos de seguridad que operan en el país”.
Sin embargo, la entidad aludida intervino desde el inicio de la investigación pues incluso la denuncia fue tomada en su sede.
De esa cuenta el Ministerio Público señala que mediante esos actos ilegales se violentaron los valores constitucionales de juticia, seguridad jurídica, así como el derecho de defensa y debido proceso, pues no se observan las formas y procedimientos establecidos en ley para presentar una diligencia de antejuicio.
El caso contra Stalling
La solicitud de antejuicio contra Stalling se presentó el 11 de enero de 2017 por parte de CICIG y la FECI, dirigida en ese entonces por Juan Francisco Sandoval señalaba a la magistrada por el delito de tráfico de influencias.
Según la investigación, Stalling pretendió influir en las decisiones del Tribunal Noveno de Sentencia Penal, designado para realizar el juicio en contra de su hijo, Otto Fernando Molina Stalling, uno de los sindicados del caso IGSS-Pisa.