La demanda fue presentada por pasajeros del vuelo 1583 de Delta Air Lines de San Francisco al aeropuerto Kennedy de Nueva York en febrero de 2017, poco después de que el presidente Donald Trump impusiera restricciones migratorias. La tripulación informó que todos los pasajeros tendrían que mostrar su identificación al bajar del avión. Al aterrizar fueron recibidos por dos agentes aduanales y los obligaron a esperar a bordo mientras revisaban a todos los pasajeros.
Los agentes buscaban, a solicitud del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, a un inmigrante con orden de deportación. La persona no fue identificada y no iba en el vuelo. Los agentes no les dijeron a los pasajeros que la revisión era voluntaria, dijo la Unión Americana de Libertades Civiles, que representó a los pasajeros en la demanda.
No es inusual que policías aborden un avión para aprehender a un sospechoso: el ex líder del Fondo Monetario Internacional, Dominique Strauss-Kahn, fue bajado de un vuelo que salía de Kennedy en 2011 para que enfrentara cargos por acoso sexual que posteriormente le fueron retirados. Pero es muy raro que las autoridades esperen afuera de un avión y pidan identificación a todos los pasajeros.
Sin embargo, los agentes aduanales en un principio dijeron que las revisiones eran rutinarias, aunque después argumentaron ante la corte tribunal, en su intento por desestimar el caso, que no era una norma escrita.
El juez Nicholas Garaufis se negó a desestimar la demanda y dijo que, “los acusados no pueden, por ahora, tener el pastel y también comérselo: respondieron a varias preguntas de la prensa diciendo que se apegaban a la norma y la corte confiará en su palabra”.
Las revisiones de identificación sucedieron semanas después de la restricción migratoria inicial que decretó Trump, lo que creó una confusión masiva en los aeropuertos del país y provocó que varios abogados acamparan fuera de lugares como el aeropuerto Kennedy para ayudar a pasajeros varados.
“Una de las grandes cosas de este país es que tenemos protecciones y cuando se violan esas protecciones, podemos expresarnos”, dijo la demandante Kelley Amadei en un comunicado. “Y, a veces en casos como este, obtenemos el resultado que necesitamos para protegernos como ciudadanos”.
Bajo el acuerdo, empleados de CBP a nivel nacional recibirán la orden de apegarse a la Cuarta Enmienda de la Constitución, que protege contra revisiones y decomisos inadmisibles. El gobierno también acordó pagar 40.000 dólares en gastos legales.
Agentes de CBP no hicieron comentarios de momento.