El Gobierno estadounidense añadió cinco entidades propiedad de las fuerzas armadas cubanas a su lista de corporaciones sujetas a sanciones económicas, acusándolas de beneficiar a militares, agencias de inteligencia y servicios de seguridad de Cubaa expensas del pueblo.
El Departamento de Estado dijo que su decisión se debe al referéndum constitucional del 24 de febrero en Cuba, que considera “antidemocrático”, y al apoyo que La Habana le ha dado al Gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela.
La medida surge una después de que el Gobierno estadounidense anunció que intensificará su embargo a Cuba al permitir demandas contra ciertas empresas cubanas que usen propiedades confiscadas tras la revolución de 1959.
Las acciones en cortes estadounidenses contra entidades cubanas se permitirán a partir del 19 de marzo, pero el Departamento de Estado mantendrá al menos hasta el 17 de abril una prohibición de demandas contra firmas extranjeras que usen propiedad confiscada en la década de 1960 por el Gobierno cubano.
El anuncio limitó las demandas a unas 200 empresas y agencias estatales cubanas que ya son sujetas a sanciones estadounidenses especiales por estar ligadas a las fuerzas armadas y a las agencias de inteligencia de La Habana. La mayoría de las entidades no tienen vínculo alguno con los sistemas legal o financiero de Estados Unidos, por lo cual la capacidad de presentar demandas es prácticamente simbólica.