Luisa creyó entrar a una oficina para regularizar su estancia en México, pero de repente se vio detenida. La muerte de 39 migrantes en una de esas instalaciones reveló un atropello más contra quienes buscan llegar a Estados Unidos.
“Eso es un calabozo, un centro de reclusión, como que uno fuera un delincuente”, dijo la venezolana Luisa Jiménez en Ciudad Juárez, fronteriza con Estados Unidos.
Se refiere al recinto donde estuvo detenida meses atrás en Tuxtla Gutiérrez, adonde según ella fue conducida con la promesa de que obtendría un permiso para estar en México antes de solicitar asilo en Estados Unidos. En realidad le notificaron que debía abandonar el país.
“Es un sitio asqueroso”, añade la mujer de 56 años, describiendo condiciones similares a las del centro de Ciudad Juárez, donde un incendio mató a 39 migrantes recluidos en una celda que según la fiscalía ningún agente siquiera intentó abrir.
Esa tragedia se desencadenó la noche del pasado lunes cuando un migrante prendió fuego a colchones en medio de una protesta por una posible deportación, según las autoridades.
Varios habían sido interceptados en calles donde pedían dinero, vendían artículos o limpiaban autos, también con la oferta de permisos de residencia.
“No hay extintores, detectores de humo. Sí hay cámaras”, cuenta el nicaragüense Moisés Chávez, de 41 años, quien apenas hace una semana estuvo retenido en el mismo calabozo, un lugar maloliente de 84 metros cuadrados donde los agentes tratan con desdén a los migrantes, según su descripción.
“Trato de preso”
Imágenes de la cámara a la que alude Moisés develaron el momento en que inició el fuego, sin que los agentes del INM o los vigilantes privados evacuaran a los 68 detenidos.
En el papel, este tipo de instalaciones son centros de servicio y de alojamiento para extranjeros que no pueden acreditar su permanencia legal en México.
Pero “ahí lo tratan a uno como preso”, asegura la venezolana Yusleidy García, quien estuvo detenida en la Estancia Provisional de Ciudad Juárez. Mujeres y hombres son confinados en instalaciones separadas.
“No son albergues” –
Según Amnistía Internacional, en 2022 las autoridades recluyeron a por lo menos 318.660 personas en instalaciones migratorias y expulsaron a unas 106.000, incluidos menores.
“Las estaciones migratorias no son ‘albergues’, sino centros de detención, y las personas no están ‘alojadas’ ahí, sino privadas de su libertad”, acusó la oenegé, aludiendo a declaraciones del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador.
A raíz de la catástrofe, la oficina de Naciones Unidas en México recordó que el Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular proscribe las detenciones arbitrarias y pide que las legales duren lo menos posible.