A través de un comunicado, el Departamento de Estado de Estados Unidos informó de nuevas medidas en contra de personas “por socavar la democracia y el estado de derecho”. Se trata de restricciones de visado a funcionarios del Ministerio Público y otros actores del sector público y privado guatemaltecos.
El portavoz del departamento, Matthew Miller, indicó que estas medidas se toman “para promover la rendición de cuentas de los actores antidemocráticos; que continúan socavando los resultados de las elecciones libres y justas del 20 de agosto.
Detalla que estas restricciones aplican para más de una docena de personas, y a sus familiares inmediatos; basados en el artículo 212 (a)(C) de la Ley de inmigración y nacionalidad.
“El pueblo guatemalteco ha hablado y sus voces deben ser respetadas. Estamos tomando nuevas medidas para promover la rendición de cuentas de los actores antidemocráticos en los sectores público y privado que continúan socavando los resultados de las elecciones libres y justas del 20 de agosto”, señaló Miller
Estados Unidos rechaza esfuerzos por socavar transición pacífica
En el comunicado, se fija la postura de Estados Unidos en torno a la situación en Guatemala, por lo que “rechaza los continuos esfuerzos por socavar la transición pacífica del poder de Guatemala al Presidente electo” Bernardo Arévalo.
Y enumera las acciones que ha realizado el Ministerio Público luego de conocerse los resultados de la segunda vuelta del pasado 20 de agosto.
Entre estos destaca la incautación de material electoral bajo custodia de la sede del Tribunal Supremo Electoral; los allanamientos en las oficinas de los magistrados y los “intentos anteriores de despojar a los funcionarios del TSE.
Asímismo se refiere a las medidas contra las manifestaciones pacíficas, que rechazan la gestión de estos funcionarios.
“Tal comportamiento antidemocrático socava las instituciones democráticas de Guatemala y es inconsistente con los principios de la Carta Democrática Interamericana. Nos unimos a otras instituciones regionales e internacionales, incluyendo la OEA y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para pedir una transferencia de poder que respete la voluntad popular y se adhiere al estado de derecho en Guatemala”, señala el funcionario.