Hoy se dio a conocer que el jurado popular del Tribunal de lo Penal de Lovaina en Bélgica condenó a cinco ex ministros y jefes del ejército guatemalteco a cadena perpetua por diecinueve cargos de crímenes contra la humanidad perpetrados contra cuatro misioneros flamencos de Scheut, una congregación católica fundada en el siglo XIX.
El jurado popular ha dictaminado que los cinco ex ministros y líderes del ejército guatemaltecos son culpables de diecinueve cargos de crímenes contra la humanidad.
Los cinco reciben cadena perpetua por ello. El jurado no vio circunstancias atenuantes. Los cinco hombres también fueron condenados a 91.000 euros en concepto de costas judiciales y a la privación perpetua de sus derechos civiles.
La cadena perpetua tiene una importancia bastante simbólica. La posibilidad de que convictos muy ancianos acaben en la cárcel es pequeña. Todos fueron condenados en rebeldía y dos de ellos se encuentran prófugos.
Por los demás hechos, los acusados son culpables de homicidios, desapariciones forzadas y torturas de los misioneros, como miembros del grupo que desarrolló un aparato de exterminio.
Los funcionarios y militares retirados que fueron juzgados y condenados a cadena perpetua son Aníbal Guevara, exministro de la Defensa, Donaldo Álvarez Ruiz, exministro de Gobernación, el exjefe del Estado Mayor del Ejército, Benedicto Lucas, el general retirado Manuel Callejas y Callejas y Pedro García Arredondo, exjefe del Comando Seis de la Policía Nacional, todos ellos activos durante el gobierno de Fernando Romeo Lucas García (1978-1982).
Ninguno de ellos estuvo presente en el juicio, cuyas edades van desde los 90 hasta los 99 años, en el caso de Guevara. Álvarez Ruiz está prófugo de la justicia mientras que Lucas y Callejas gozan de libertad condicional tras ser beneficiados por la Corte de Constitucionalidad (CC) en junio pasado, en el caso Molina Theissen en el que habían sido condenados.
García Arredondo cumple una condena de 90 años inconmutables en el caso de la Quema de la Embajada de España.
Contexto del caso
A principios de la década de 1980, los dos misioneros belgas Walter Voordeckers y Ward Capiau fueron asesinados a tiros en Guatemala. Los misioneros pertenecían a la Congregación del Inmaculado Corazón de María, también llamada Congregación de Scheut.
Un tercer misionero, Serge Berten, fue secuestrado y desaparecido, y probamente también asesinado. Una cuarta Víctima, Paul Schildermans, fue secuestrado y torturado, pero luego liberado. Los asesinados ocurrieron durante la Guerra Civil Guatemalteca (1960-1996).
Cinco guatemaltecos estaban siendo juzgados, ex ministros y ex altos oficiales de la policía y el ejército durante el conflicto armado interno.
Proceso judicial
El hecho de que el proceso todavía se lleve a cabo después de más de 40 años es excepcional por varias razones. Por ejemplo, la investigación del propio tribunal belga ha durado 20 años.
Los acusados fueron procesados por crímenes de lesa humanidad, los cuales no prescriben. Por eso el juicio podría seguir mucho tiempo después de los hechos.
El juicio también fue una primicia internacional, ya que fue la primera vez que miembros del aparato militar y policial de Guatemala de ese período tuvieron que comparecer ante un tribunal extranjero. Los juicios anteriores sobre hechos de ese período tuvieron lugar todos en Guatemala.
Con base en la “Ley de Delitos Internacionales”, es posible procesar en otro país los crímenes graves de lesa humanidad cometidos si existe una conexión con dicho país.
Declaración histórica
Michael Verhaegen, abogado de los familiares supervivientes, confirma que esta sentencia es histórica en varios aspectos. “En primer lugar, porque la cúpula del régimen de Guatemala ha sido condenada, y no sólo por crímenes sino por crímenes de lesa humanidad, según el derecho internacional. El tribunal se refirió a la naturaleza de crimen internacional de cada uno de los hechos”.
“En segundo lugar, este es también un fallo histórico a nivel jurídico: es la primera vez que ese grupo de cinco y el grupo mayor al que pertenecen han sido considerados una empresa criminal por cometer crímenes de lesa humanidad”.