El exsenador colombiano Álvaro Uribe se convertirá este martes en el primer expresidente de ese país en tener una audiencia en la Corte Suprema de Justicia por un proceso abierto en su contra por presunto fraude procesal y manipulación de testigos, un caso que tiene en vilo a Colombia por las repercusiones que podría tener en la política interior.
La Sala de Instrucción II de la Sala de Casación Penal de la máxima corte anunció el 24 de julio de 2018 que había obtenido las pruebas suficientes para investigar a Uribe, tras las denuncias del senador Iván Cepeda, los testimonios de testigos claves y las conversaciones interceptadas a un grupo de sus conocidos.
El pasado 16 de agosto de 2019, la Corte fijó el 8 de octubre, a las 8:00 de la mañana (hora local) como fecha para la indagatoria a Uribe. Tras esta cita, los magistrados tienen por lo menos diez días para determinar si siguen con la investigación o si archivan el caso.
“Amor por Colombia”
Horas antes de la comparecencia, el senador expresó que nunca se imaginó que su “amor por Colombia” le causara “dificultades judiciales”.
“Nunca pensé que la defensa del honor y mi amor a Colombia me creara estas dificultades judiciales que enfrento con espíritu patriótico y con el estímulo solidario de miles de colombianos con quienes tengo gratitud del alma”, afirmó.
Por su parte, Cepeda anunció que no asistirá a las audiencia de este martes, que se llevará a cabo en el Palacio de Justicia, para “evitar cualquier acción que pudiera ser interpretada como intencionalmente dirigida a perturbar o a constreñir a la contraparte”.
Los seguidores del político derechista han convocado una concentración en el Parque Nacional, en Bogotá, a partir de las 11:00 de la mañana (hora local).
Sin embargo, a las afueras del Palacio de Justicia se han apostado manifestantes a favor y en contra el expresidente.
Batalla legal de Cepeda y Uribe
Durante unas visitas a centros de reclusión en 2011, Cepeda mantuvo conversaciones con varios exparamilitares que le aseveraron que el fundador del derechista Centro Democrático había propiciado la existencia de un bloque narcoparamilitar en los años 90.
A partir de 2012, se inició una batalla legal entre ambos, que se señalaban mutuamente de realizar compras de testigos para perjudicar al otro. Tras años de idas y venidas, en 2018 el caso fue retomado y tuvo un giro cuando la Corte Suprema decidió que paralizaba la investigación contra Cepeda y que abría una contra Uribe por presuntamente haber cometido delitos de soborno y fraude procesal.
Esta comparecencia ha sido catalogada como clave en la historia del país suramericano por su significado judicial y político ante las denuncias hechas contra Uribe por sus presuntos vínculos con el narcotráfico y el paramilitarismo.
¿Cómo empezó todo?
En agosto de 2011, Cepeda, del centroizquierdista Polo Democrático Alternativo, sostuvo un encuentro en la cárcel con el exparamilitar Pablo Hernán Sierra García, alias ‘Alberto Guerrero’, como parte de su labor en la vicepresidencia de la comisión de Derechos Humanos y miembro de la Comisión de Paz.
Sierra García afirmó que el Bloque Centro de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU) tenía como base la hacienda las ‘Guacharacas’,propiedad del entonces gobernador Uribe y su hermano Santiago, ubicada en San Roque, en el departamento de Antioquia. Junto a ellos estarían otras dos parejas de hermanos:
- Santiago (condenado por paramilitarismo en 2010 y dejado en libertad el pasado mes de enero) y Pedro Gallón Henado. Ambos relacionados con el asesinato del futbolista Andrés Escobar.
- Luis Alberto (paramilitar asesinado en 2005) y Juan Guillermo Villegas Uribe.
Reacción de Uribe
En 2012, Cepeda debatió en el Congreso sobre lo que le habían aseverado los testigos claves tras sus visitas para conocer la situación carcelaria en el país y denunció a Uribe, junto a los otros fundadores de las ACCU, por homicidio agravado, desaparición forzada, tortura, concierto para delinquir, falsedad en documento público, prevaricato por omisión, apoderamiento y tráfico de hidrocarburos, fabricación de estupefacientes, abuso de autoridad y destinación ilícita de bienes muebles e inmuebles.
Como respuesta, Uribe lo señaló de cometer “abuso de la función pública, fraude procesal y calumnia agravada”.
El entonces expresidente aseguró que el congresista había buscado a testigos falsos a los que había ofrecido beneficios penales, retribuciones económicas y su salida de Colombia, a cambio de incriminarlo en actividades relacionadas con el paramilitarismo.