Estas medidas son parte del plan de manejo eficiente y control del gasto, con el fin de cumplir un manejo prudente de las finanzas públicas.
El Gobierno de Guatemala emitió nuevas disposiciones para el manejo eficiente y control del gasto público para lo que resta del año, entre ellas prohibió la contratación de personal y adquisiciones en las dependencias del Ejecutivo.
Entre las nuevas disposiciones figuran las siguientes:
- La aprobación de las cuotas financieras de origen tributario “estará supeditada a la disponibilidad financiera, en función del comportamiento de la recaudación tributaria y de acuerdo con los lineamientos establecidos en las presentes normas”.
- Las instituciones públicas, de conformidad con la ley, deberán garantizar el pago oportuno de sueldos y prestaciones del personal.
- Se aplicarán restricciones a la creación de cualquier tipo de bono único o incremento a los bonos específicos existentes.
- Estarán prohibidas nuevas contrataciones de servicios técnicos y profesionales con cargo a los renglones de gasto 029 (remuneraciones de personal temporal y subgrupo 18 de Servicios Técnicos y Profesionales).
- Las medidas de contención del gasto público no afectarán, entre otros rubros, el pago oportuno de los servicios de energía eléctrica, agua potable, teléfono e internet, transporte, almacenaje, extracción de basura, cuotas de seguridad social y los arrendamientos de bienes inmuebles, necesarios para el cumplimiento de las tareas de la administración pública.
- También se restringirán procesos de adquisición, salvo los destinados al equipamiento de los centros hospitalarios en construcción o de eventos previos a la vigencia de las nuevas disposiciones.
Estas disposiciones deben de ser cumplidas en la Presidencia de la República, Ministerios de Estado, Secretarías y otras dependencias del Ejecutivo, así como en la Procuraduría General de la Nación.
Según un comunicado, El programa, suscrito por el presidente Giammattei, ordena medidas de “observancia general” para utilizar las asignaciones presupuestarias “bajo los principios de racionalidad económica, eficiencia, austeridad, transparencia y contención del gasto público”.