Guatemala se sumó al listado de países, que se oponen a la nueva ley antiinmigrantes SB4, firmada por el gobernador del estado de Texas, Estados Unidos, Greg Abbott.
La cual establece como delito el ingreso de inmigrantes de manera irregular a ese estado y autoriza su arresto y expulsión. Dicha normativa entraría en vigencia en marzo del año 2024.
Ante ese escenario, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala, manifestó su oposición a dicha ley, por considerar que criminaliza la migración y contiene también rasgos discriminatorios hacia las personas migrantes.
El vicecanciller guatemalteco Geovanni Castillo, indicó que tuvieron información sobre dicha ley a través de la embajada y los medios de comunicación e inició un análisis que finalizó en una consulta al canciller Mario Búcaro y un comunicado con la postura del país, que se suma a la posición de otros países de la región.
Recordemos que Guatemala es parte de varios protocolos y pactos a nivel mundial que velan por una migración segura, ordenada y regular, y también recordar que hemos estado trabajando de la mano con la actual administración del presidente Biden precisamente para no criminalizar la migración; sino al contrario proveer de las facilidades que los protocolos y la ley le otorga a los nacionales guatemaltecos para poder movilizarse”
Por otro lado, las autoridades nacionales el marco de cooperación que se tiene con Estados Unidos, por lo que se espera que no se aplique este tipo de medida que criminaliza a los migrantes y estaría afectando a los connacionales que lleguen a la frontera sur, por el estado de Texas.
La norma más estricta
Entidades promigrantes que funcionan en Estados Unidos han catalogado la ley como una de las más duras en contra de las personas que llegan de manera ilegal a ese país; por lo que ha entrado en polémica.
La norma fue promulgada el pasado 18 de diciembre por el gobernador y convierte en delito estatal la entrada irregular al territorio.
Además de permitir los arrestos a migrantes, las autoridades pueden detenerlos sólo por sospechosa, asimismo autoriza a jueces estatales a ordenar la expulsión de migrantes a México.
Por otro lado, destina 1 mil 500 millones de dólares para que Texas construya su propio muro fronterizo.