“No reprimiremos más a nuestro pueblo y respetaremos sus derechos humanos”, aseguró a periodistas un agente con su rostro cubierto que se encontraba junto a varios compañeros en las afueras de la sede de la policía.
Las autoridades resolvieron mejorar la alimentación y aumentar los sueldos de los sublevados luego de extensas negociaciones después de que el martes obligaron a abandonar su sede con bombas lacrimógenas y tiros al aire al jefe nacional de la policía, José Morán, al intentar que los uniformados depusieran sus acciones.
Hernández dijo en rueda de prensa y sin presentar evidencias que “atrás de los rebeldes están policías depurados”. En los últimos cinco años, su gobierno obligó a abandonar las filas policiales a más de 8.000 de sus 17.000 miembros por supuestos delitos de corrupción.
Un hecho similar ocurrió en diciembre de 2017, cuando un grupo de policías se declaró en brazos caídos exigiendo aumentos de sueldo.
Alan Cerrato, jefe de la comisión depuradora policial, anunció que castigará severamente a los rebeldes pese a que el gobierno afirmó que no lo haría.
A su vez los combustibles comenzaron a llegar a las gasolineras de la capital tras un paro de dos días de los transportistas de carga que provocó una severa escasez.
Las movilizaciones callejeras contra Hernández dejaron esta semana un saldo de tres muertos, 25 detenidos por saqueos a negocios y más de 20 heridos, en su mayoría de bala, informaron la policía y el Hospital Escuela Universitario, el principal del país.
El viernes murió el joven de 17 años Noel Corea en Yarumela, unos 60 kilómetros al norte de Tegucigalpa, al enfrentarse con la policía militar en una manifestación. Luis Maldonado, de 28 años, y Erick Peralta, de 38, fallecieron también en una protesta en la capital. El presidente Hernández reemplazó con militares a los policías en huelga.
Las muertes se registraron durante la actuación de policías y militares para reprimir los incidentes en los que miles de personas bloquearon las calles de Tegucigalpa.
Desde hace dos meses más de 70.000 médicos y maestros exigen la salida de Hernández del poder y rechazan la supuesta privatización de los servicios de salud y educación. Esos grupos bloquean con frecuencia las principales carreteras y bulevares del país al grito de “Fuera JOH” en referencia a las iniciales del nombre del mandatario.
Hernández aseguró en televisión que “no renunciaré” y que “en dos años y meses entregaré (el poder) a un nuevo presidente”.
Hernández fue reelecto para un segundo mandato en noviembre de 2017 pese a que la constitución prohíbe la reelección presidencial. Según la oposición, los comicios fueron fraudulentos.