Desde que Ron Desantis asumió el puesto de gobernador de Florida, en 2019, llamó la atención por sus medidas. Este 1º de julio entra en vigor la ley migratoria SB 1718, promulgada por él contra la inmigración ilegal en el estado.
De acuerdo con uno de los lineamientos, quien transporte a alguien que ingresó sin permiso a EE.UU. podría enfrentarse a prisión o a una fuerte multa, además de otros alcances.
En tal sentido, la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) advirtió que la medida es “cruel, peligrosa y demasiado amplia”.
La ley exige que las empresas con al menos 25 empleados comprueben el estatus migratorio de los trabajadores en la base de datos E-Verify y también sanciona a quienes tengan en su personal a extranjeros “no autorizados”.
De acuerdo con DeSantis, esta legislación servirá para tomar medidas contra la creciente amenaza que supone la inmigración ilegal.
En sus declaraciones, es una respuesta al fracaso de la administración del demócrata Joe Biden para asegurar las fronteras.
No obstante, para ACLU, la ley se volverá “una extralimitación del gobierno estatal y un abuso de poder que infringe los derechos y la libertad de los floridanos”.
Medidas controvertidas
Con la puesta en marcha de esta ley antimigrante, entre sus puntos controvertidos, la SB 1718 incluye regulaciones para los hospitales que brindan cobertura Medicaid, que podrán preguntar el estatus migratorio de los pacientes.
“Infunde temor en los inmigrantes floridanos que buscan acceder a atención médica, amplía las sanciones del programa federal E-Verify a las empresas y prohíbe el financiamiento de tarjetas de identificación comunitarias por parte de los gobiernos locales”, acusó la ACLU.