El juez Richard Seeborg aprobó una solicitud a nombre de 11 solicitantes de asilo centroamericanos y grupos activistas legales para suspender la práctica en lo que la demanda se abría paso en el sistema judicial. La decisión está suspendida hasta el viernes para darles tiempo a las autoridades federales de presentar una apelación.
La política carece de las protecciones suficientes para garantizar que los migrantes no enfrenten “riesgo indebido a sus vidas o libertades” en México, señaló el juez. Seeborg también dijo que la ley en la que el gobierno de Trump fundamentó su autoridad para devolver a migrantes no aplica para los solicitantes de asilo como los que presentaron la demanda.
Se desconoce de inmediato si el gobierno solicitaría a una corte de apelaciones que suspenda el fallo. El Departamento de Justicia se negó a comentar al respecto. Trump tuiteó que el fallo era “injusto para Estados Unidos”.
El inicio de esta práctica en enero pasado en San Diego, la frontera más transitada del país, representó un cambio sin precedentes en el sistema de asilo de Estados Unidos, dijeron autoridades gubernamentales y expertos en asilo. Por lo general, las familias que solicitaban asilo eran liberadas en Estados Unidos y se les entregaba un citatorio para comparecer en el tribunal.
El gobierno de Trump señala que la política se implementó en respuesta a una crisis en la frontera sur que ha superado la capacidad de las autoridades migratorias para detener a los migrantes. Un número cada vez mayor de familias huye de la pobreza y de la violencia relacionada con las pandillas en Guatemala, Honduras y El Salvador.
El fallo se presentó un día después de que la secretaria de Seguridad Nacional Kirstjen Nielsen presentó su renuncia y mientras el gobierno enfrenta repetidos contratiempos sobre sus estrictas medidas antimigratorias que fueron parte central de la campaña presidencial de Trump, incluyendo reveses en políticas como la de separar a familias en la frontera y poner fin a las protecciones contra jóvenes inmigrantes.
La demanda afirma que el gobierno de Trump viola las leyes federales al no evaluar adecuadamente los peligros que enfrentan los migrantes en México.
Bajo la nueva política, los solicitantes de asilo no tienen garantizados intérpretes ni abogados, y no pueden presentar ante un juez sus argumentos de que enfrentan un posible riesgo de persecución o tortura en caso de ser devueltos a México, dijo Judy Rabinovitz, abogada de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU por sus iniciales en inglés), durante una audiencia en marzo pasado.