Sin embargo, había una alternativa más barata: las pruebas de anticuerpos, principalmente procedentes de China, que estaban en el mercado a una fracción del precio y podían dar un resultado positivo o negativo en cuestión de minutos con una sencilla punción en el dedo.
En marzo, el presidente peruano Martín Vizcarra anunció que había autorizado la compra de 1,6 millones de pruebas, casi todas para detectar anticuerpos.
Ahora, entrevistas con expertos, órdenes de compra públicas, resoluciones gubernamentales, declaraciones de pacientes y los informes de salud sobre el virus muestran que la apuesta del país por las pruebas rápidas de anticuerpos no fue la correcta.
A diferencia de casi todos los demás países, Perú depende en gran medida de las pruebas rápidas de anticuerpos para diagnosticar los casos activos, aunque ese no es el propósito para el que fueron diseñadas. Esas pruebas no pueden detectar las infecciones tempranas de COVID-19, lo que hace difícil identificar y aislar a los enfermos rápidamente. Los epidemiólogos entrevistados por The Associated Press dicen que utilizarlas de esta manera inadecuada produce una cantidad considerable de falsos positivos y negativos, lo que ha contribuido a alimentar uno de los peores brotes de COVID-19 del mundo.
Además, varias de las pruebas de anticuerpos compradas para su uso en Perú han sido rechazadas por los Estados Unidos después de que análisis independientes encontraron que no cumplían con los estándares para detectar con precisión el nuevo coronavirus.
Hoy en día, la nación sudamericana tiene la tasa de mortalidad per cápita por COVID-19 más alta del mundo, según la Universidad John Hopkins, y los médicos locales creen que una de las razones es el enfoque fallido del país en el tipo de pruebas que realiza.
“Es una falla multisistémica”, dijo el Dr. Víctor Zamora, exministro de salud de Perú. “Ya deberíamos pararle la mano a las rápidas”.