Donald Trump eligió el mejor escenario posible para dar a conocer una de sus primeras iniciativas en torno a la inmigración: Hablando ante una sesión conjunta del Congreso un mes después de asumir la presidencia, Trump anunció la creación de una línea telefónica especial para las víctimas de delitos cometidos presuntamente por inmigrantes.
Casi de inmediato, la línea se vio envuelta en controversias y confusiones.
Hay quienes dicen que la línea de Ayuda a las Víctimas de Delitos Cometidos por Inmigrantes (VOICE, según la abreviatura del nombre en inglés, Victims of Immigration Crime Engagement) es una maniobra cínica para complacer a la base de Trump, con la que se desperdician millones de dólares y se perpetúa la falsa noción de que los inmigrantes son más proclives a cometer delitos que los estadounidenses. Otros la ven, equivocadamente, como un instrumento para denunciar a vecinos, colegas o extraños que se sospecha podrían estar en el país ilegalmente.
Dos años después, la línea especial sigue funcionando. El gran desafío que enfrenta es abstraerse del polvorín político que representa el debate en torno a la inmigración y ayudar a las víctimas de delitos de maneras que los tribunales no las van a ayudar, como, por ejemplo, informando si los agresores fueron deportados.
“Yo diría que, sin importar lo que piense uno, estamos aquí para ayudar”, expresó la directora de la iniciativa Bárbara González a la Associated Press. Gonzáles trabaja desde hace tiempo para el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, conocido por sus siglas en inglés, ICE.
Si bien ICE es responsable del arresto y la deportación de las personas que están en el país ilegalmente, González destaca que la línea especial no es usada con esos fines. Se preocupa por ayudar a las víctimas de delitos sin importar su status inmigratorio, aseguró. A quienes llaman no se les pregunta acerca de ese status.
Pero se les informa que la conversación está siendo grabada y que sus nombres, direcciones, números de teléfono y otra información serán guardados y tal vez compartidos con el Departamento de Seguridad Nacional. Por ello, las víctimas de delitos que están en el país sin permiso podrían mostrarse reticentes a dar esa información.
González indicó que la información de las víctimas es compartida “si hay alguna necesidad”, aunque se trata de velar por su privacidad. No dio más detalles acerca de cuándo se comparte y no está claro cuánto tiempo se guarda la información.