Días antes de las elecciones de Honduras de 2017, una ex alto cargo de la policía nacional, María Luisa Borjas, ofreció una conferencia de prensa en la que leyó reportes de investigaciones del gobierno sobre tres asesinatos de alto perfil.
Ahora, como legisladora de la oposición, se enfrenta a una posible multa y a la pérdida de su escaño en el Congreso en el juicio que arranca el lunes en su contra por difamación. Su presunto delito fue dar nombres _ los de los supuestos “autores intelectuales” de un asesinato incluidos en uno de esos informes _ en un país donde el poder ha gozado de una larga impunidad.
Durante años, organizaciones internacionales criticaron a Honduras y a otras naciones latinoamericanas por los cargos penales de difamación, que son considerados potentes herramientas que permiten que las élites _ a menudo los propios legisladores _ silencien a sus críticos.
Borjas tiene un largo historial de denuncias contra la corrupción, empezando por las propias filas de la policía cuando dirigía la unidad de asuntos internos.
En el caso de Borjas, Camilo Atala, presidente del banco Ficohsa, fue quien presentó la denuncia.
El suyo era uno de los 16 nombres que aparecían en uno de los documentos que leyó la legisladora: un reporte del inspector general del Ministerio de Seguridad con los supuestos conspiradores en la muerte de la activista medioambiental Berta Cáceres en 2016. El documento señaló que los sospechosos fueron identificados en base a las evidencias recopiladas, incluyendo escuchas telefónicas y correos electrónicos recuperados, pero no entró en detalles sobre el supuesto papel de Atala.