En el Juzgado Sexto Penal inicio la primera declaración de varias personas vinculadas al caso Política y Falsedad.
Los sospechosos fueron capturados el 19 de mayo de este año por la Policía Nacional Civil (PNC), entre los detenidos figura el ex jefe de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) Juan Francisco Solórzano Foppa.
Según una investigación preliminar de la Fiscalía de Delitos Electorales del Ministerio Público (MP), los sindicados entre estos Solórzano Foppa, cometieron los delitos de asociación ilícita, conspiración y falsedad ideológica, cuando intentaron realizar la inscripción de una agrupación política denominada “partido Ambientalista” en marzo del 2020 en el Tribunal Supremo Electoral (TSE).
Faltó a la verdad, e hizo insertar actas y declaraciones falsas, concernientes a la elaboración del documento único denominado acta notarial del grupo promotor para conformación del partido político, con fecha 1 de marzo de 2020, autorizada por el notario Carlos Ramiro Moino Cárdenas. Jefe de la fiscalía de delitos electorales, Rafael Curruchiche
Las autoridades electorales presentaron la denuncia penal al considerar que el ex jefe de la SAT y otras personas cometieron un hecho constitutivo de delito al elaborar y presentar un acta falsa parar la formación de un partido político.
Sin embargo, según certificado de defunción de fecha 7 de abril de 2021 extendido por el Licenciado Jacobo Israel Cifuentes Ramírez, registrador civil en funciones, del Registro Nacional de las Personas (RENAP) se establece que dicha persona falleció el 9 de octubre de 2018, en el municipio de Santa Lucia Cotzumalguapa, en el departamento de Escuintla. Concluyó Curruchiche
Esta primera declaración la realiza el juez B sexto penal, Israel Celada. El juzgador después de escuchar al fiscal Rafael Curruchiche y los alegatos de los abogados defensores resolverá si los sospechosos quedan sujetos a una investigación por 3 delitos o decreta una falta de mérito a su favor.
El fiscal expuso que más de cien personas se han comunicado al Instituto de la Víctima, dando a conocer que fueron víctimas de robo de datos, ya que sus nombres y datos personas aparecen en el acta que en su momento se habría presentado al TSE, por ello han querido constituirse como querellantes adhesivos.
Sin embargo el juez no aceptó la participación de dichas personas y ordenó a la fiscalía proseguir con la investigación para determinar de forma mas amplia el nivel de afectación.