En el juzgado A de mayor riesgo, el Ministerio Público (MP) comenzó a solicitar que 36 acusados, la mayoría mujeres, enfrenten un juicio en un Tribunal de Mayor Riesgo, por hechos de asesinato, extorsión y lavado de dinero.
Según la investigación de la fiscalia, los reos integraron una organización criminal, la cual se dedicó al cobro de las extorsiones al transporte público. Los empresarios o trabajadores que no cumplían con los chantajes semanales fueron asesinados, mientras que otras personas afortunadamente sobrevivieron los ataques armados.
La Supertintendencia de Bancos (SIB) a través de la Intendencia de Verificación Especial (IVE) reportó transferencias monetarias sospechosas que hicieron algunas procesadas a través de un informe proporcionado al Ministerio Público, el cual aunado a boletas de depósitos que se lograron obtener coinciden en que los acusados se agenciaban de múltiples fondos periódicamente, producto de la extorsión.
La jueza Claudette Dominguez le explicó a los procesados que la audiencia continuará en los siguientes días para analizar y resolver si deben enfrentar un juicio o se rechaza la petición de la fiscalía del MP.