Un médico que dice haber sido torturado por grupos izquierdistas que respaldan al Estado. Una madre que enfrenta arresto tras haber denunciado violaciones a los derechos humanos en redes sociales. Un taxista cuya casa fue apedreada porque dice haber participado en protestas.
Éstos son algunos de los cientos de nicaragüenses que escaparon de su país hacia Estados Unidos tras meses de disturbios y aseguran que aún temen ser perseguidos por el gobierno del presidente Daniel Ortega si fueran obligados a regresar a la nación centroamericana.
Los disturbios en Nicaragua comenzaron en abril de 2018 tras reformas a la seguridad social que desencadenaron marchas y demandas para que Ortega renunciara tras más de 11 años en el poder. Más de 300 murieron según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), aunque algunas ONG sostienen que esa cifra supera los 500.
La presidencia asegura que los manifestantes son delincuentes y los acusa de trabajar con Estados Unidos para fraguar un golpe de Estado.
Aunque la convulsión ha cesado, el país de poco más de seis millones de habitantes enfrenta una de sus peores crisis políticas desde la guerra civil y miles de nicaragüenses han huido. De acuerdo con Naciones Unidas, la gran mayoría al menos 29.000 ha escapado a Costa Rica.
Los nuevos migrantes llegan en momentos complicados: el gobierno del presidente Donald Trump anunció la terminación de un programa que permitía residir temporalmente en este país a nicaragüenses que habían llegado con anterioridad, poniendo en riesgo de deportación a más de 5.000 personas. Además ha implementado normativas más severas para los extranjeros que buscan asilo, aunque al mismo tiempo ha acusado al gobierno de Ortega de abusos a los derechos humanos y ha impuesto sanciones económicas a funcionarios nicaragüenses de jerarquía.
