La Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) condena enérgicamente la presentación de antejuicios hecha por el Ministerio Publico, que incluye al Presidente electo, Bernardo Arévalo y contra la Vicepresidenta electa, Karin Herrera, así como varios integrantes de los partidos políticos Semilla, VOS y Winaq.
“Estas decisiones del Ministerio Público constituyen acciones de carácter político”, señala la Secretaria, que distorsionan el proceso electoral y pueden afectar el resultado del mismo, por lo cual resultan absolutamente improcedentes e inaceptables para un sistema político democrático, destacaron.
En ese sentido, el Ministerio Público, como institución del Estado se encuentra en violación de lo que establece la Carta Democrática Interamericana en sus artículos 2, 3 y 4.
La Secretaría General condena esta continuada persecución política por parte del Ministerio Público, que hoy se extendió contra otros 28 ciudadanos guatemaltecos, y que se suma a la habitual intimidación y el acoso a miembros del Partido Movimiento Semilla, activistas de derechos humanos, académicos, periodistas y otros actores sociales.
La criminalización y la intimidación contra actores políticos y sociales en un marco de persecución política es una grave violación del Estado de Derecho y se aparta de los principios de la democracia
Los Estados Miembros de la OEA expresaron por mayoría y con claridad sus graves preocupaciones respecto de la criminalización y judicialización del proceso electoral y la persecución política por parte del Ministerio Público, aprobando ayer la resolución titulada “Acontecimientos Recientes que Impactan el Estado de Derecho y la Transición Presidencial Democrática en Guatemala”. La persecución política en curso sólo sirve para erosionar los cimientos de la democracia por la que los ciudadanos de Guatemala han luchado y desean continuar construyendo cada día.
Los representantes de las instituciones deben comportarse de manera responsable, absteniéndose de producir vulneraciones al Estado de Derecho, a las libertades fundamentales y a la dignidad humana de la ciudadanía.
Al mismo tiempo, la Secretaría General condena enérgicamente las acciones intimidatorias y de agresión contra un número de congresistas, estudiantes y activistas sociales y políticos que se produjeron ayer y hoy en Guatemala. Estas acciones provocan un ambiente de inseguridad e incertidumbre que es inaceptable para la ciudadanía de Guatemala.