En un documento de 54 páginas, el organismo dio un balance que muestra que el año pasado aumentó la violencia y que el presidente Iván Duque tiene un gran reto para preservar la vida de los líderes de derechos humanos.
“Si bien no representan el universo total de casos, sí permiten identificar tendencias en el comportamiento de estas agresiones que socavan gravemente la defensa de los derechos humanos, actividad fundamental para la vida democrática y el estado de derecho”,
señala el informe.
El documento agrega que los asesinatos y las amenazas se realizaron en 24 de los 32 departamentos, especialmente en Antioquia, Cauca y Norte de Santander. Por ello, se
“exhorta al Estado a fortalecer las garantías para el ejercicio de la labor de los defensores de derechos humanos a través del fortalecimiento y la ampliación de los espacios existentes de participación cívica a nivel territorial, de modo que se pueda separar el enfoque de adoptar medidas físicas como estrategia principal para prevenir y proteger a los defensores”,
agrega.
Según la Defensoría del Pueblo, desde enero de 2016 hasta finales de febrero de 2019 han sido asesinados en Colombia 462 líderes de derechos mundos.
A su vez, el delegado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia, Alberto Brunori, le pidió al gobierno de Duque y a los jefes del grupo guerrillero Ejército de Liberación Nacional (ELN) “acordar un cese bilateral” para reanudar los diálogos de paz, que en este momento están congelados por los ataques del ELN a puestos policiales, militares y a la infraestructura petrolera, especialmente contra el oleoducto Caño Limón-Coveñas, que el pasado tuvo 89 atentados y este año lleva 12.