La Corte Nacional de Ecuador considera que tiene elementos suficientes para acusar al expresidente del secuestro de un exasambleísta en 2012. La juez Daniella Camacho llamó a juicio a Rafael Correa y a los policías que ejecutaron la orden de secuestrar al político de la oposición Fernando Balda, que posteriormente fue liberado.
POR EL COMERCIO / ECUADOR
Desde un principio, el caso fue considerado por la fiscalía como un crimen de Estado al haberse utilizado dinero público para cometer el delito. En cambio, Correa, que reside desde hace casi un año y medio en Bruselas, siempre ha defendido ser víctima de persecución política y ha montado una campaña paralela para desacreditar la decisión judicial.
El conocido como caso Balda, por el nombre del legislador secuestrado, es la primera acusación que enfrenta el exmandatario ecuatoriano, aunque tiene otras causas abiertas en fase de investigación. Pese al llamamiento oficial, Correa no irá a juicio, ya que la normativa penal ecuatoriana no permite, salvo excepciones, que el proceso judicial avance en ausencia del acusado. Al tratarse de un delito de secuestro, el juicio quedará suspendido para Correa a menos que se entregue voluntariamente o sea detenido. El Código Penal castiga este tipo de delito con penas de cárcel de entre cinco y siete años.
La Corte Nacional dictó en julio una orden de prisión preventiva, que el expresidente se negó a cumplir, refugiándose en Bélgica, donde reside desde que dejó la presidencia. También se solicitó la detención internacional a Interpol, pero el organismo policial aún no ha informado si aprueba o rechaza la petición de la justicia ecuatoriana.