Los señalamientos en su contra tienen tintes políticos, indicó el candidato presidencial del Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación), Estuardo Galdámez, contra quien el Ministerio Público (MP) solicitó recientemente el retiro de inmunidad, por un supuesto caso de corrupción en el Congreso.
El también diputado es acusado, junto con otros ex legisladores del Partido Patriota (PP), de recibir sobornos y distribuir estos entre otros parlamentarios, a cambio de la aprobación de distintas leyes y elección de funcionarios, por orden de la ex vicepresidenta Roxana Baldetti, entre 2012 y 2015.
Galdámez reiteró que la denuncia planteada a solo 40 días de que se lleven a cabo las elecciones generales evidencia el interés de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) de afectar su imagen ante los votantes.
Esto hace pensar que se trata de un acto doloso y de mala fe por parte del Ministerio Público, especialmente del señor Juan Francisco Sandoval, jefe de la FECI”, dijo el congresista.
Además, señaló al fiscal de seguir órdenes de la exjefa del MP Thelma Aldana, quien permanece en El Salvador desde el pasado 18 de marzo, cuando se ordenó su captura.
Rechazo totalmente las acusaciones planteadas en mi contra (…) la denuncia es espuria, falsa y carece de toda prueba científica”, expresó el presidenciable.
Para reforzar su postura, descartó que en algún momento haya existido subordinación del Organismo Legislativo a las decisiones del Ejecutivo, e hizo énfasis en que sí ha habido y es necesaria la relación armoniosa entre los tres poderes del Estado.
Esa relación armoniosa no es un delito, como lo plantea la FECI. Lo que sí es incorrecto es que entes extranjeros quieran imponer la aprobación de leyes que contravienen el derecho nacional”, manifestó.
Con esto hizo alusión a que en diferentes oportunidades Aldana y el titular de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala acudieron al Parlamento para gestionar la creación de distintas normativas.
El caso
Según la FECI, tanto Galdámez como otros seis ex diputados del PP eran las personas de confianza designadas por Baldetti para entregar pagos bimensuales de Q50 mil en efectivo a los legisladores que apoyaran sus propuestas en las sesiones plenarias.
Esto, habría propiciado la erogación de al menos Q57.8 millones, por el aval de diferentes leyes, designación de presidentes de comisiones legislativas y nombramiento de funcionarios como el contralor general de cuentas, magistrados de la Corte Suprema de Justicia y Salas de Apelaciones.
Tales detalles habrían sido develados por un exmilitante del extinto partido político, quien actuaría en calidad de colaborador eficaz.